De la amplia satisfacción que reflejaban los ocho concejales del PP, que ayer comparecieron en bloque tras conocerse la paralización cautelar del cambio de calles franquistas, a los gestos de sorpresa y rabia que no ocultaban los ediles de Compromís (Natxo Bellido y María José Espuch) y Guanyar (Daniel Simón) que valoraron la resolución judicial que bloquea, por ahora, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Alicante. La sala de prensa del Ayuntamiento fue testigo ayer de los sentimientos encontrados que se vivieron en el seno de la Corporación municipal. En una posición indeterminada, al respecto, se situaron los socialistas, que aprovecharon ayer de nuevo para marcar distancias con dos socios de gobierno en el Ayuntamiento, Guanyar y Compromís. «Desde el PSOE no nos hemos sentido cómodos con las formas a la hora de llevar a cabo esta iniciativa, nosotros lo hubiéramos hecho de otra forma», aseguró ayer el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, quien recordó que tuvo que disculparse ante la gimnasta Estela Giménez, quien criticó en las redes sociales las formas del tripartito al no ser avisada de la colocación de la placa en la calle que iba a llevar su nombre en el barrio de El Pla.

Una hora después de que este diario adelantara el auto judicial, los populares llegaron en bloque a la sala de prensa, donde su portavoz, Luis Barcala, se felicitó por la respuesta de los tribunales. «Este auto es el ejemplo del fracaso del tripartito, es la demostración palmaria de cómo gestionan los temas: la falta de consenso, de diálogo, de transparencia y el sectarismo», apuntó Barcala, quien acusó al equipo de gobierno de «aplicar el rodillo en su reinterpretación para reescribir la historia, al decidir cambiar las calles y poner otras de forma tendenciosa y revanchista». Barcala no se quedó ahí, sino que también exigió la dimisión de los responsables directos del cambio de calles -la concejala de Memoria Histórica, María José Espuch, y el edil de Estadística, Daniel Simón- y, en caso de que éstos no asumieran esa «responsabilidad política», reclamó que sea el alcalde de Alicante quien les retire las competencias.

El primero de los escenarios quedó ayer desechado, ya que tanto Simón como Espuch descartaron dejar el acta. «Nosotros ejecutamos un acuerdo de la Junta de Gobierno, que deriva de un proceso de participación ciudadana que está en los programas electorales», aseguró Simón en presencia de Bellido y de la propia Espuch, la más crítica ayer con el PP por recurrir la aplicación de la Ley de Memoria Histórica con los cambios en el callejero. «Será esperpéntico cuando se quite una placa a un demócrata para volver a ponérsela a un fascista. Eso es a lo que nos obliga el PP, que no está siendo digno, no está siendo demócrata y no está rompiendo con su pasado. El PP hoy [por ayer] nos ha devuelto al año 39», concluyó Espuch, máxima responsable del cambio de calles y que ayer admitió estar en estado de «shock».

Bellido, menos contenido de lo habitual, aseguró ayer que el tripartito «acatará» el auto dictado por la juez, aunque no concretó si previamente se recurrirá. En su valoración, centró también las críticas en el PP: «Han trabajado para que la placa de la División Azul continúe en nuestra ciudad. Nosotros, en cambio, queremos unas calles democráticas de las que no nos avergonzamos».

Por su parte, desde Ciudadanos, Yaneth Giraldo insistió en que su deseo es que «se cumpla la Ley de Memoria Histórica», aunque añadió que «se tenía que haber hecho de otra forma». Desde Comisiones Obreras, pidieron a la edil Espuch que se tome «las medidas legales y políticas necesarias para frenar una sentencia escandalosamente injusta».