n El 11 de septiembre de 2008, la Policía interceptó una conversación entre el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz, en la que el primero le informa de su intención de dimitir de la Alcaldía, pasando el teléfono a Sonia Castedo que le iba a suceder en el cargo. La conversación se produjo momentos antes de que Alperi iniciara una rueda de prensa en la que iba a anunciar su marcha. El magistrado Manrique Tejada recuerda en el auto de procesamiento por el PGOU que en dicha conversación Ortiz se refiere a Alperi como «su amigo». «Estos son sólo algunos de los indicios acreditativos de la especial relación que une al investigado Enrique Ortiz y a las dos autoridades municipales en aquel momento y posteriormente aforadas y que se deducen del contenido de la totalidad de las conversaciones».

Para acreditar la especial amistad entre Castedo y Ortiz, el juez hace referencia a la reunión celebrada en mayo de 2008 en Urbanismo cuando el Plan General todavía no era público con los responsables del equipo redactor. El auto señala que al margen de esa reunión, Castedo quedó nuevamente con el empresario para entregarle una documentación, lo que para el magistrado evidencia que iba a hacerle llegar una información que no quería dar delante del equipo redactor.

Asimismo, en las supuestas entregas de dinero en metálico a Alperi en su domicilio, el empresario y su esposa se refieren a él como «el Gordo» cuando hablan por teléfono de la entrega.

La condición de diputados autonómicos de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi motivó que la causa tuviera que remitirse en su día al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que estaban aforados. La renuncia de ambos al escaño determinó que la causa regresara al juzgado de Instrucción número cinco, que ha culminado ahora la investigación.