Fue el único empresario que admitió las escuchas y reconoció haber acudido al despacho de abogados de Javier Gutiérrez y José Luis Castedo para que le tramitaran una alegación al Plan General de Ordenación Urbana. El magistrado considera que hay indicios de un presunto delito cohecho del empresario Ramón Salvador Águeda. El promotor está implicado en otros investigaciones judiciales. En la causa del PGOU, el juez considera que hay indicios de que cometió un delito de cohecho por los pagos a Salvetti. «Hay indicios haber entregado una retribución a personas que participaban en el ejercicio de la función pública para que realice un acto propio de su cargo», señala, aunque todo queda a expensas de lo que se concluya sobre la actuación José Luis Castedo y Javier Gutiérrez por parte de las acusaciones.
Águeda se presentó en la Comisaría el 11 de abril de 2011 tras tener conocimiento de que era uno de los investigados en la causa del Plan General por un presunto manejo de información privilegiada, donde entregó un escrito de su puño y letra en la que se hacía constar que en la revisión del PGOU, el suelo con el que contaba pasaba de urbano a no urbanizable. El 19 de diciembre de 2008 se presentó un escrito de alegación contra el cambio de calificación y fue estimada. Dicha alegación se realizó siguiendo el asesoramiento del despacho Salvetti Abogados. Los terrenos se encontraban en el Pla de Xirau, que se está ubicado junto a una zona de especial protección paisajística y ecológica. En la ficha de planeamiento aprobada en mayo de 2010 se clasificó como urbano residencial, destinado a vivienda aislada y que se debía desarrollar por un Programa de Actuación Integrada (PAI) para urbanizar todo el ámbito y dotarlo de equipamientos. En los modelos tributarios de Salvetti Abogados consta que el despacho percibió un total de 58.000 euros por los trabajos desarrollados para el promotor ilicitano investigado.
