El juez que ha investigado las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General concluye en su auto de procesamiento que los exalcaldes de Alicante del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo pusieron el Ayuntamiento de la ciudad al servicio de los intereses urbanísticos del empresario Enrique Ortiz, según el documento con el que concluye la instrucción y que ayer se notificó a las partes. Tras cerca de siete años de investigación, el magistrado Manrique Tejada ve suficientes indicios de delito para sentar en el banquillo a, entre otros, Castedo, Alperi y Ortiz por presuntos delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.
El magistrado considera que hay pruebas de que las autoridades municipales revelaron datos claves del futuro urbanístico de la ciudad cuando todavía no eran públicos a cambio de regalos. Los supuestos beneficios a Ortiz, que ayer declinó pronunciarse, se habrían producido gracias a la adquisición de suelo no urbanizable por parte del promotor en zonas protegidas con las que pretendía obtener mayor edificabilidad en otros puntos de la ciudad. «Quien tiene la información, tiene el poder y, por ello, quien decide qué suelos se adscriben y con el coeficiente que se adscriben tiene la posibilidad de culminar procesos especulativos prohibidos en Derecho», sostiene el magistrado, que considera suficiente el que el PGOU hubiera sido aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento para que se cometieran estos delitos. Tejada mantiene que no se trata de un mero trámite, aun cuando el planeamiento no haya visto la luz, «sino la expresión de la voluntad municipal, es decir, de una resolución administrativa».
Junto a Castedo, Alperi y Ortiz se manda al banquillo a otras siete personas: al redactor del Plan General, Jesús Quesada; a los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo; al empresario Ramón Salvador Águeda; y a los empleados del promotor, Santiago Bernáldez y Pablo Rico, así como a su hermano, Virgilio Ortiz. A estos tres últimos se les atribuye el haber entregado a Alperi grandes cantidades de dinero que se habrían usado para pagar los bungalows de los hijos del exalcalde. A lo largo de la instrucción, el magistrado ha sobreseído las actuaciones para quince implicados, entre ellos la mujer del empresario, Manuela Carratalá.
A lo largo de un auto de 240 folios, el instructor sostiene que la actuación de los investigados, en caso de haberse materializado el PGOU, «hubiera conducido a un auténtico monopolio del urbanismo en la ciudad, no sólo en relación a los suelos urbanizables que se incorporan al proceso urbanístico, sino también a los suelos que se adscriben, todo con un único fin de redundar en el beneficio de quién se convierte en el personaje clave del planeamiento municipal, que no responde a los intereses públicos de la ciudad».
En su opinión, no hubo criterio de objetividad a la hora de fijar los aprovechamientos y los índices de edificabilidad, sino un interés especulativo bajo la falsa apariencia del interés general. Para el juez, el mero hecho de que el suelo adquirido por Ortiz se incluyera en el futuro planeamiento ya lo revalorizaba, alcanzando grandes plusvalías.
Según el auto, entre las zonas bajo sospecha en la revisión del planeamiento urbanístico estaba el sector de Las Lomas del Garbinet, que pasaba a ser urbanizable y conseguía que se desplazara un vial, beneficiando a Ortiz con la revisión. El juez señala que los responsables municipales también trataron de compensar a Ortiz con aprovechamientos urbanísticos en la zona del Estadio Rico Pérez a fin de ahorrar al empresario que la rehabilitación del campo del Hércules, que éste debía asumir, no le supusiera ningún coste.
El magistrado coloca al despacho de abogados del hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, como una pieza básica de «una presunta trama societaria con participación de personajes clave con una relación directa entre todos ellos, en la que cada uno tiene una concreta misión y desarrollan su papel en un escenario en el que se vislumbra el Urbanismo de la ciudad como negocio de unos cuantos privilegiados, alejando al resto de los ciudadanos del protagonismo que el Urbanismo exige de la sociedad en un Estado de Derecho». A través del despacho, afirma, se resolvieron alegaciones al plan general y estos mismos abogados (por el hermano de la exregidora y el exedil del PSOE Javier Gutiérrez) representaron a nivel particular a empresarios que planteaban modificaciones al planeamiento. Entre los clientes del despacho figuran tanto Ortiz como el empresario Ramón Salvador Águeda. El juez considera cohecho el dinero que ambos abonaron al bufete y ve sospechosa la vinculación del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi con este despacho.
La investigación del PGOU de Alicante es una de las piezas separadas derivadas del llamado caso Brugal que comenzó con una presunta trama de sobornos en el Ayuntamiento de Orihuela. Los pinchazos telefónicos a los implicados fueron abriendo nuevas líneas de investigación, entre ellas dos macrocausas urbanísticas que implicaban a las primeras autoridades municipales del Ayuntamiento de Alicante: la del PGOU y la del plan Rabasa.
La Audiencia de Alicante confirmó recientemente el archivo del caso Rabasa al no ver delito en la actuación de los implicados y no ver acreditada una relación de especial amistad entre Ortiz y Castedo. El juez Manrique Tejada difiere de los argumentos con los que sus compañeros cerraron la otra causa y considera que «existe algo más que una actividad poco ética por parte de los investigados. Hay entre ellos un nexo relacional de íntima amistad, que llega a un grado de complicidad máximo y que influye en las propias decisiones del municipio y que permite a Ortiz alcanzar unas cotas de poder real inimaginables para cualquier ciudadano».
Reunión bajo sospecha
Sin pronunciarse sobre las escuchas, el juez destaca la reunión que mantuvo Ortiz en la gerencia de Urbanismo el 15 de mayo de 2008 con el redactor del plan, Jesús Quesada, meses antes de que la comisión redactora presentara su trabajo ante el Ayuntamiento. «El hecho de que el director del equipo redactor de la revisión del planeamiento se pusiera en contacto con un empresario amigo de las máximas autoridades municipales, en el período en el que se está trabajando en dicho proyecto de revisión, las reservas y cautelas sobre los malos entendidos que pudiera haber a resultas de la reunión, el diálogo sobre el lugar más adecuado para celebrarla, el hecho de que los trabajos que el señor Quesada está realizando no hubieran sido todavía presentados ante la Gerencia de Urbanismo, son indicios de que en dicha reunión se pudieron tratar temas que beneficiaban a los intereses del señor Ortiz», sostiene el juez.
