La investigación judicial de las presuntas irregularidades del Plan General ha pasado hasta por dos juzgados diferentes y por el Tribunal Superior de Justicia . La causa del PGOU arrancó en un juzgado de Orihuela dentro las múltiples líneas que se seguían dentro del llamado caso Brugal. Los pinchazos del teléfono de Ortiz por la Policía desvelaron las presuntas irregularidades.
El juez de Alicante recibe la investigación de Orihuela
El juzgado de Orihuela decidió el verano de 2010 trocear Brugal en una veintena de piezas separadas, de las cuales dos cayeron en el juzgado de Manrique Tejada: la del PGOU y un presunto alzamiento de bienes en la empresa de camiones Autisa.
Se levanta el secreto de sumario antes de las citaciones
Tras pasar meses reclamando a Orihuela las escuchas en las que se basaba, arrancó la instrucción. Poco antes de que comenzaran las citaciones el juez levantó el secreto del sumario y se empezaron a conocer las escuchas.
El juez se inhibe al TSJ por el aforamiento de Alperi y Castedo
La investigación judicial en Alicante finalizó ante los indicios de delito que implicaban a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo en los hechos. Ambos eran diputados autonómicos y por lo tanto eran aforados. El magistrado Manrique elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad para que continuara la investigación e imputara a los dos políticos.
El TSJ devuelve la causa a Alicante tras las dimisiones
La investigación del Plan General tuvo que volver a Alicante para que se terminara la instrucción tras la dimisión de Luis Díaz Alperi y de Sonia Castedo de su escaño en las Cortes Valencianas. La causa estuvo durante dos años en manos del magistrado Juan Climent que fue quien interrogó tanto a Castedo como a Alperi. Al no haber aforados en la causa, el TSJ ya no era el tribunal competente para seguir con ella y volvió a manos de Tejada.
