El Tribunal Constitucional (TC) acaba de reforzar la posición del Gobierno central en el debate ya crónico sobre comercio que mantiene con varias autonomías, entre ellas la Comunidad Valenciana. El tribunal ha tumbado un recurso de Asturias por invasión de competencias en la regulación de los horarios comerciales. Concretamente, impugnaba varios artículos de la ley estatal por los que se obliga a las grandes ciudades (con más de 100.000 habitantes y más de 600.000 pernoctaciones) a declarar al menos una zona de gran afluencia turística (ZGAT). Entre ellas, Alicante. Se trata de las áreas donde el comercio goza de libertad para abrir todo el año, incluido domingos y festivos.

El fallo, fechado el pasado 16 de noviembre, entiende que «el Estado puede establecer medidas básicas en cuanto lo requiera la adecuada ordenación de la actividad económica», unas medidas entre las que se incluiría esta obligatoriedad de declarar zonas ZGAT. La liberalización ha generado en Alicante un largo conflicto entre las grandes empresas y el pequeño comercio y sindicatos, que pretenden limitar las aperturas para la conciliación de los trabajadores del sector.

Tras el cambio de color al frente en la Generalitat Valenciana, la supresión de la libertad horaria ha sido el gran objetivo de la Conselleria de Economía, dirigida por Compromís. Fue esa obligatoriedad de crear al menos una zona de gran afluencia turística impuesta por el Gobierno central en 2012, la que llevó al Ayuntamiento de Alicante a declarar un área de libertad horaria en el entorno de Maisonnave. Los continuos vaivenes durante el último año, con cambios promovidos por el Ayuntamiento y por la Conselleria dirigida por Climent, han convertido este debate en una polémica continua, con un paso por los tribunales tras la denuncia interpuesta por los centros comerciales que se sintieron agraviados por la zona delimitada por el entonces gobierno local del Partido Popular.

Los actuales dirigentes de Economía, procedentes en sus principales escalones de Compromís, se revolvieron desde el primer día contra lo que entienden como una «injerencia» del Gobierno central, al obligar a regular sobre una materia en la que la autonomía es competente.

El recelo entre administraciones ha sido mutuo. El Gobierno de Rajoy también amenazó con recurrir el decreto autonómico que establece los criterios por los que se fijan esas ZGAT. Irónicamente, ese decreto lo redactó todavía el PP (Máximo Buch), y fue el equipo del actual director general de Comercio, Natxo Costa (Compromís), el que tuvo que negociar con Madrid para evitar un mal mayor: un recurso que habría llevado la libertad total a la autonomía.

Varios frente abiertos

En estos momentos y ante el fiasco de los dos intentos durante 2016 para recortar la libertad horaria, Economía ha abierto varios frentes para tratar de resolver el problema de una forma definitiva. Uno de esos frentes, precisamente, pasa por cambiar la ley estatal. Asumiendo que el Estado es competente para regular sobre comercio, la Conselleria de Economía pretende ahora aprovechar el cambio de correlación de fuerzas en el Congreso -donde el PP no tiene mayoría absoluta- para cambiar la ley. Compromís ya ha presentado una proposición no de ley en este sentido: suprimir la obligatoriedad de que las grandes ciudades tengan al menos una zona de libertad horaria, dejándolo al criterio de los ayuntamientos. Entienden que con esta medida cortarían de raíz el problema y dejarían a las grandes empresas sin margen legal para litigar. Desde ese nuevo statu quo, podrían negociar con el gran comercio un escenario más equilibrado, o directamente volver al régimen anterior, con solo diez festivos aperturables al año. La derogación de la figura de las ZGAT daría luz verde a la Generalitat y al Ayuntamiento de Alicante eliminar las áreas de libre apertura en domingos y festivos, y definir un nuevo modelo comercial.

Economía confía en que la pérdida de la mayoría del PP permita a los partidos de izquierda, en alianza con los nacionalistas, imponer al Gobierno el cambio legal. Es un escenario optimista: el Parlamento ya ha aprobado mociones para derogar leyes, pero el Gobierno se resiste. Y está por ver qué posición toma el PSOE respecto al debate que quiere abrir Compromís. En Alicante, el Consejo Local de Comercio celebrado a finales de octubre aprobó con 18 votos a favor (entre ellos, del PSOE, de Compromís y del PP), ocho en contra (de Guanyar y Ciudadanos, entre otros) y una abstención la ZGAT para que los centros comerciales de Maisonnave pudieran abrir los domingos y festivos del año, es decir, lo mismo que aprobó en 2013 el PP, aunque con la obligación de que El Corte Inglés crease 200 puestos de trabajo.