Un total de 249 familias se han beneficiado de la reducción del alquiler de viviendas protegidas propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que la Conselleria de Vivienda puso en marcha en abril del año pasado para adaptar las rentas a la situación socioeconómica de los inquilinos. 119 corresponden a la provincia de Valencia, 98 a la de Alicante y los 32 restantes a la de Castellón. El Plan de Alquiler Asequible es una de las diez medidas contempladas en el Plan de Dignificación de la Vivienda Social impulsado por la Conselleria que dirige María José Salvador para mejorar la gestión del parque de viviendas de la Generalitat.

Desde abril de 2016 se está aplicando este Plan de Alquiler Asequible y la previsión es prolongarlo hasta el 31 de marzo de este año. Tras estudiar caso por caso la situación de los inquilinos de las viviendas protegidas, se ha determinando la reducción de las cuotas teniendo en cuenta tres criterios: ingresos de la familia, número de miembros de la unidad familiar y municipio donde se ubica la residencia.

Con esta medida, tal y como ha explicado la directora del EIGE, Helena Beunza, el Consell "pretende corregir la fórmula aplicada por el anterior gobierno autonómico, con un procedimiento más justo que tenga en cuenta la situación económica real de las familias, ya que ha podido variar desde que accedieron al arrendamiento". "De esta manera se favorece el acceso a una casa a las familias que no pueden alquilar una vivienda en condiciones normales del mercado", ha añadido.

Por ello, para un IPREM menor o igual a 1,5 (familias con ingresos de hasta 11.182 euros anuales), la renta del alquiler a pagar, incluidos gastos de comunidad, no superará el 25% de los ingresos ponderados. Mientras, para un IPREM mayor de 1,5 y menor o igual de 2,5 (rentas entre 11.182 y 18.637 euros anuales), el alquiler, incluidos gastos comunitarios, será como máximo del 30% de los ingresos ponderados. Por último, para un IPREM superior a 2,5 (familias con ingresos superiores a 18.637 euros al año), la renta del alquiler, sin incluir gastos de comunidad, será inferior al 30% de los ingresos ponderados.

A primeros de año, desde EIGE se envió una carta a los inquilinos para informales de todas las novedades aprobadas, de las medidas que se podían beneficiar y la documentación a presentar. La primera de esas medidas fue la prórroga durante tres meses, hasta el 31 de marzo, de la reducción del 15% de la renta del alquiler actual, plazo en el que se tramitaron las nuevas reducciones individuales de renta.

A partir del 1 de abril se comenzó a aplicar el Plan de Alquiler Asequible. Otra de las medidas adoptadas para facilitar el pago de los arrendamientos ha sido prorratear el importe anual del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 12 mensualidades. Asimismo, durante 2016 no se aplicó la variación anual de las renta del alquiler de las viviendas propiedad de EIGE, dejando de ajustar las variaciones del IPC que permite la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Destacar que para las rentas más bajas se ha incluido también en el cálculo los gastos de comunidad teniendo en cuenta que el anterior gobierno construyó viviendas protegidas muy caras, con precios de venta y alquiler que en ocasiones superaba el precio de mercado y con unos elevados costes de mantenimiento. En algunas de estas promociones, sus residentes deben destinar más de 60 euros mensuales para gastos comunitarios, una situación que ahora se pretende acabar.