El sector de la enseñanza concertada se siente plenamente respaldado por el Síndic de Greugues en sus reclamaciones al conseller de Educación contra el cierre de aulas subvencionadas, y avisa ya de su intención de llevar a Vicente Marzà ante los tribunales si finalmente actúa como este año a la hora de planificar el curso que viene y no tiene en cuenta la demanda de matrícula en estos centros.
Visto que el Defensor autonómico les ha dado la razón al constatar en un informe publicado por este diario en su edición de ayer, que legalmente debe prevalecer el derecho de los padres a elegir la enseñanza para sus hijos frente a cubrir las plazas en centros públicos, incluso por motivos de ahorro de recursos públicos, padres y docentes han presentado alegaciones al nuevo decreto de los conciertos educativos en esa misma línea.
Sorpresas
Las familias no quieren sorpresas de última hora y recuerdan al conseller, como el propio Síndic, que la ley educativa vigente contempla una «red dual de centros en régimen de gratuidad». La presidenta del colectivo de padres tanto a nivel provincial como autonómico, Julia Llopis, apunta que «no se debe menospreciar a la concertada puesto que no es subsidiaria de la pública aunque tanto el conseller como el secretario autonómico insistan en ello. Las familias abogamos por el entendimiento, pero ya se sabe que cuando no se quiere...», matiza en alusión al máximo responsable educativo.
«No queremos sorpresas, porque la demanda no figura por ningún lado en el nuevo decreto y hay que evitar lo sucedido este año, que no se tuvo en cuenta la matrícula real y se cerraron aulas. No juegan con transparencia y claridad y mucho nos tememos que vuelvan a hacerlo». Llopis añade que la previsión del mapa escolar con la cantidad de plazas necesarias y ratios por zonas «puede hacerse globalmente sin concretar centros y después actuar a su antojo».
Elección
El representante de la Mesa por la Libertad que engloba al sector de la concertada, Vicente Morro, admite que el pronunciamiento del Síndic «es meramente declarativo, pero sería difícil de entender que quienes hablan de derechos y de rescatar a las personas vayan a implantar una política educativa contra la opinión del Defensor de todos los valencianos, un alto comisionado de la Generalitat».
Morro concluye que en este próximo arreglo escolar «no pueden aplicar el criterio de subsidiaridad de la concertada porque, en su caso, iremos a los tribunales».
El sindicato mayoritario de los docentes de centros concertados, Fsie, alega por su parte contra la supresión de la comisión territorial de conciertos al igual que los padres, así como contra la desaparición de un plumazo de la renovación de los conciertos singulares en Bachillerato y FP, lo que obliga a los centros a solicitar de nuevo la subvención para todas las aulas de estudios postobligatorios que ahora tienen concierto.
«¿Dónde queda el derecho de los padres a elegir que ratifica el propio Síndic con las leyes en la mano?, se preguntan. El sindicato concluye sus alegaciones expresando su contrariedad a la posibilidad de suprimir un concierto tras el turno ordinario de matrícula, «eso no se había legislado así nunca antes porque incumple la libertad de elección».
