Valladolid Alta Velocidad, sociedad pública constituida en 2003 para promover un desarrollo urbanístico a partir de la integración del AVE en esta ciudad, solicitará concurso de acreedores como paso previo a su liquidación, con un agujero patrimonial de 404 millones de euros. Así lo ha acordado el consejo de administración de la firma, participada por Adif, Renfe, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, una decisión que será ratificada en junta de accionistas el próximo mes de enero.

Valladolid Alta Velocidad es una sociedad similar a la que tambièn se constituyó en Alicante (Avant) en 2003 con el mismo objetivo. Ahora mismo, la empresa pùblica alicantina tiene una deuda de 60 millones de euros con los bancos que debe abonar en mayo de 2017 y su abono es incierto tras la negativa del Consell, socio con el 25% del capital, de seguir aportando màs fondos, y la paralización que sufre el proyecto de urbanizcación posterior con el que el Ayuntamiento de Alicante debía aportar capital. Los otros dos socios con Adif y Renfe.

De esta forma, Valladolid Alta Velocidad será la primera de la decena de sociedades similares que se constituyeron hace unos años para abordar los accesos del AVE a distintas capitales que se liquide ante los problemas económicos financieros que todas ellas atraviesan. Las sociedades se constituyeron con el planteamiento de costear los accesos del AVE a distintas ciudades, en muchos casos de forma soterrada, mediante la venta y aprovechamiento de los terrenos que quedaran desafectados de los usos ferroviarios. No obstante, el desplome del valor del suelo durante los años de la crisis, convirtió en inviables estos proyectos.

En el caso de Valladolid Alta Velocidad, presenta un agujero patrimonial de 404 millones de euros y una "complicada situación económica" que le impide atender al pago de los vencimientos de deuda. En concreto, debía afrontar 62,5 millones antes del día 31 y otros 75 millones el 1 de enero.

La decisión del consejo de la firma de acogerse al proceso concursal tiene lugar después de que el Ayuntamiento de la ciudad rechazara asumir las condiciones que ponía el Ministerio de Fomento para inyectar 130 millones de euros para hacer frente a dichos pago. Las condiciones pasaban por que los socios de la empresa se comprometieran a asumir la deuda, bien mediante el pago de los intereses o mediante un compromiso por escrito.

Se trata de una de las sociedades que Fomento, a través de Adif y Renfe, constituyó con el mismo fin con distintas administraciones autonómicas y locales, a comienzos de la pasada década. En concreto, se constituyeron en Zaragoza, Valencia, Logroño, Gijón, Barcelona (en este caso para levantar la estación de Sagrera), Cartagena, Murcia y Alicante.