«Sugerimos a la Conselleria de Educación que destierre el criterio de subsidiaridad de la concertada respecto a la pública. La legislación educativa no otorga a los centros concertados un carácter secundario o accesorio respecto a los centros públicos». El Síndic de Greuges de la Comunidad se pronuncia con rotundidad en un informe que ha remitido al conseller de Educación, Vicent Marzà, tras una queja formulada por el sector de la enseñanza concertada sobre la planificación escolar del curso pasado.
Cholbi echa por tierra la política educativa que defiende el Consell, en continua referencia al programa electoral que sí contempla expresamente la subsidiaridad de la enseñanza concertada con respecto a la pública.
El propio conseller ha reiterado por activa y por pasiva que mientras haya plazas suficientes en la enseñanza pública no concertará aulas, mientras que el Síndic le advierte de que poner por delante «el mero hecho de la existencia de plazas suficientes en la red pública» contraviene la ley, porque deriva en una «discriminación» hacia quienes eligen otro tipo de enseñanza para sus hijos, como es la concertada.
Dual
El propio Consejo Escolar Valenciano acordó en su última permanente, celebrada la semana pasada, considerar «complementaria» la enseñanza concertada. Y el Defensor autonómico recalca en su informe que «esta institución no puede compartir el criterio de que hay que suprimir plazas en centros privado-concertados siguiendo el principio de subsidiaridad de la concertada respecto de la pública». E insiste en que la «legislación vigente establece un régimen dual para la prestación del servicio educativo».
Ahorro
Ni siquiera es válido para el Síndic de Greuges el criterio económico al que alude el conseller de Educación de cara a una próxima reducción de aulas concertadas, con motivo de la renovación de los conciertos prevista a partir de enero. Cholbi pone por delante del ahorro el derecho de los padres a elegir centro: «Aun comprendiendo la perentoria necesidad de hacer valer la premisa de racionalizar los recursos de que se dispone, no es posible aceptar que ello conlleve una merma del derecho de los padres a elegir centro docente», advierte.
La reflexión del Defensor no deja lugar a dudas en su contundencia sobre la ilegalidad del proceder de la conselleria, e incluso insiste en que se vulnera el «derecho de los padres» si se suprimen aulas de Infantil y Primaria en centros concertados de la Comunidad «en tanto en cuanto existan plazas vacantes en la escuela pública, tal y como aduce la Conselleria de Educación».
Cholbi pone asimismo el acento en la prevalencia jurídica de la demanda de plazas escolares. «Si la supresión de aulas se lleva a cabo sin el consenso de las partes implicadas y con precipitación -puntualiza- repercutiría en el derecho de las familias no sólo a elegir centro sino el tipo de educación que desean para sus hijos, lo que haría desaparecer una oferta, la concertada, antes de que pueda ser conocida su demanda real». El Síndic se posiciona con las demandas de la concertada.
