Un juez ha autorizado al Ayuntamiento de Alicante a entrar por razones de insalubridad en un edificio en construcción que había sido ocupado por indigentes, según establece un auto fechado el pasado 5 de diciembre y al que ha tenido acceso EFE.
"La autorización de entrada interesada resulta adecuada y proporcionada al fin pretendido ante la falta de acción del propietario", ha dictaminado el magistrado.
Para el titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante, "no existe otra forma menos gravosa para dar estricto cumplimiento a la decisión administrativa que así lo ordena".
El Consistorio necesitaba la autorización judicial para acceder a este edificio en obras, ubicado en la calle Roselló de Alicante, porque se trata de una propiedad privada y está amparada, por tanto, por el derecho constitucional a la inviolabilidad domiciliaria.
El gobierno municipal decidió intervenir después de que los vecinos expusieran al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, los problemas de insalubridad que provocaba el inmueble, durante las fiestas de Hogueras de 2015.
La asociación vecinal de los barrios Los Ángeles y Altozano realizó un seguimiento del edificio, que estaba siendo ocupado por personas sin hogar y en el que se había detectado la acumulación de basura y la presencia de ratas.
El Ayuntamiento localizó al propietario, le comunicó la denuncia, le solicitó que solucionara la situación, pues de lo contrario se exponía a ser sancionado.
Finalmente, tuvo que solicitar la autorización al juzgado para acceder a su interior y poder retirar la basura y los enseres acumulados, realizar tareas de desbroce y de eliminación de roedores e insectos.
Por otro lado, los servicios municipales derivaron a los indigentes que vivían en el lugar a albergues y hogares de acogida a través de Cruz Roja, según fuentes municipales.
Asimismo, el departamento de Conservación de Inmuebles ha levantado un tabique entre los forjados de la planta baja y la primera planta y tapado varios huecos para impedir el acceso a la obra.
Igualmente, los técnicos han retirado el agua estancada que se había acumulado en uno de los sótanos y ha levantado una tapia con una puerta en la fachada del edificio que da a la calle Roselló.
El magistrado recuerda en su resolución que la corporación ha dado la posibilidad al propietario del inmueble, una mercantil, para que solucionara estos problemas de forma voluntaria, pero no ha obtenido ninguna respuesta.
Ante el "abandono de las obras" y la "manifiesta falta de salubridad y peligro que presenta el edificio", el juez ha autorizado al Ayuntamiento a entrar en el mismo a fin de ejecutar las medidas recogidas en un decreto de la Concejalía de Urbanismo fechado en abril de 2015.
