Tras la negativa del tripartito de aceptar las «líneas rojas» de carácter político impuestas por Ciudadanos para negociar la abstención a los presupuestos municipal de 2017, la formación naranja lleva una de esas condiciones al pleno previsto para este próximo jueves. Entre los ruegos incluidos en el orden del día por parte de la oposición destaca la propuesta de Ciudadanos de realizar una auditoría externa al trabajo de la UTE concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad de Alicante. El ruego solicita la «dotación» de una partida para analizar los «incumplimientos» del contrato, que en la propuesta que Ciudadanos entregó al tripartito durante la fase previa a la negociación se valoró en torno a los 30.000 euros.

Ésta fue una de las diez condiciones políticas que la formación liderada por Yaneth Giraldo quería imponer al tripartito para, a continuación, pasar a tratar las propuestas de índole económico, que rondaban la treintena. Sin embargo, ante la negativa del equipo de gobierno de aceptar esas «líneas rojas», la negociación de los presupuestos para 2017 en fase de elaboración se dio por rota durante la pasada semana. C's también exigía la paralización del cambio de calles franquistas, la licitación inmediata de las contratas municipales caducadas y la desaparición de la Concejalía de Protección Animal (dirigida por Marisol Moreno, de Guanyar), entre otros asuntos.

En el pleno del próximo jueves, Ciudadanos también preguntará sobre la «cantidad detraída del contrato de limpieza» en concepto de sanciones, pedirá la comparecencia del vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, para que dé cuenta de la posible implantación de Ikea en la ciudad de Alicante y además cuestionará el procedimiento seguido por el Ayuntamiento ante la Dirección General de Costas para la realización de las obras de la carretera de Urbanova, uno de los proyectos previstos para este año que finalmente tendrá que esperar.

Por su parte, el PP preguntará a la concejala de Deportes por el futuro de los dos técnicos licenciados en Educación Física que han sido relegados del área que dirige la socialista Eva Montesinos. Por otra parte, los populares también cuestionarán al equipo de gobierno si «están dispuestos» a asumir la «responsabilidad» de que sean los tribunales «quienes les obliguen a cumplir con el deber» de facilitar la información solicitada a través del Registro General.

Entre las declaraciones institucionales ya están incluidas en el orden del día la petición del PP de dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, por la gestión del programa Xarxa Llibres y, entre otras, la petición de Guanyar y Compromís a la Diputación de que se apliquen «criterios objetivos» en el reparto de subvenciones desde el Palacio provincial.