Los sindicatos UGT y CC OO denunciaron ayer que el Consejo de la Policía Local, celebrado el pasado 21 de diciembre y en el que se aprobó la Orden General de Cambios para la reestructuración del Cuerpo, es «ilegal», ya que en la citada reunión estaba presente el inspector Diego Maroto, jefe del Servicio Jurídico Administrativo de la Concejalía de Seguridad, cargo al que le aupó el alcalde, Gabriel Echávarri. Según un comunicado de prensa conjunto, «el Consejo de Policía Local no es legal por no ajustar su composición a lo establecido por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y, en consecuencia, los acuerdos alcanzados en su seno no pueden ser considerados válidos». Fuentes de las organizaciones sindicales sostienen que la citada sentencia recoge que al Consejo de la Policía Local sólo pueden acudir el jefe del Cuerpo, el alcalde o el concejal de Seguridad y dos agentes en representación de cada sindicato. En el comunicado, UGT y CC OO solicitan «la constitución legal del Consejo de la Policía Local de Alicante, conforme a la sentencia». Ambas entidades alegarán contra la composición del último consejo, celebrado el pasado miércoles y en el que se dio el visto bueno al baremo que marcará el inminente cambio en la estructura del Cuerpo, promovido por Echávarri.
Además, las organizaciones sindicales critican que el baremo incluido en la Orden General se ha elaborado «unilateralmente, con prisas y por imposición de la Concejalía de Seguridad», dirigida por el socialista Fernando Marcos. «Consideramos imprescindible la elaboración de un nuevo baremo, con participación sindical y aprobado en Mesa General de Negociación para que pueda ser considerado legal», recoge la nota pública, según la cual también se ha «vulnerado el principio de igualdad», ya que según los sindicatos «se ha impedido el acceso a la formación específica a las personas ajenas a cada brigada dado que se oferta a posteriori de los cambios». Desde CC OO, además, insisten en que el baremo «premia» la antigüedad en la unidad policial frente a la formación realizada por los agentes, mientras que desde UGT subrayan que su «objetivo» no es retrasar la puesta en marcha de la reestructuración, criticada por agentes y mandos policiales en reuniones e informes.
