La Fiscalía Anticorrupción ha advertido a la Audiencia de Alicante que el cierre del caso Rabasa le ha causado indefensión procesal y que la sala se ha excedido en sus competencias al archivarlo, según el recurso al que ha tenido acceso este diario. El fiscal Felipe Briones considera que el tribunal ha entrado en razones del fondo que correspondería a los jueces valorar en el momento de la sentencia y no ahora cuando quedan diligencias pendientes de practicar. Por ello, además de solicitar la reapertura del caso, ha pedido que sean llamados a declarar los directivos de la multinacional sueca Ikea. Entre ellos, se encuentran el director de expansión de Ikea, Sylvain Laval, el subdirector, Pedro Campelo y los letrados Álvaro Unamuno y Marta Sanz.
La Audiencia de Alicante confirmó la semana pasada el archivo del llamado caso Rabasa, una pieza desgajada de las escuchas telefónicas de Brugal, y en el que estaban imputados entre otros la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz. El juzgado investigaba un presunto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor en la tramitación del macroplan urbanístico en el que estaban previstas más de 13.000 viviendas, así como una zona comercial en la que se instalaría la multinacional sueva de muebles Ikea. La Audiencia confirmó el cierre de la investigación al no ver indicios de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Contra la decisión no cabe recurso, pero el fiscal ha presentado un escrito de súplica a la sala para reconsidere su postura y reabra las diligencias.
El fiscal plantea en su recurso de súplica que no entiende cómo en «actuaciones muy complejas, materializadas en miles de folios, en las que tras años de investigación y sin concluirse ésta, el instructor decida su archivo, sin practicar las diligencias propuestas por el fiscal». El juez instructor, César Martínez, fue el tercero que tuvo la causa y la archivó a los pocos meses de incorporarse al juzgado tras estudiar la actuación de sus predecesores.
Decisiones contradictorias
«Una instrucción de tal envergadura no puede ser cerrada por un juez cuando es consciente de que alguna de las partes seriamente, manifiesta y acredita su voluntad de que continúe el procedimiento», sostiene Briones. Así el fiscal recuerda que el juez descartó la existencia de un delito de cohecho basándose únicamente en que los investigados dijeron que habían rechazado los regalos, por lo que la acusación pública pone en cuestión que esta decisión se pueda acordar en esta fase del procedimiento.
El juez planteaba la posibilidad de que el delito de cohecho estuviera prescrito. Según el fiscal, esta consideración va en contra de lo que decidió la Audiencia en la investigación por el Plan General, otra causa desgajada de Brugal en la que están imputados Ortiz y Castedo, al rechazar que el delito de cohecho hubiera prescrito para algunos de los investigados.
El fiscal rechaza que su acusación en Rabasa se base en «una idea preconcebida», tal como argumentaba la Audiencia para cerrar el caso, sino que es «consecuente« con lo investigado hasta la fecha, Sobre la relación de amistad entre Castedo y Ortiz que, a juicio del tribunal no se había acreditado con las escuchas aportadas por el Ministerio Público, Briones replica que no ha entendido preciso probar en este recurso esta estrecha relación, pero resulta «público y notorio», puesto que ha sido admitido por la propia exalcaldesa y se trasluce de decenas de pasajes del informe policial.
El auto de la Sección Tercera no veía indicios de delito en que desde el Ayuntamiento se apartaran a los funcionarios no afines y que se metieran por la vía de urgencia en el orden del día de las comisiones aspectos relativos al plan. Según los jueces, las medidas son práctica habitual en las administraciones locales y no suponen un delito de prevaricación. Para el fiscal, los relevos de funcionarios revelan que se estaba haciendo «un traje a medida a Ortiz» por parte de los máximos responsables urbanísticos y políticos del Ayuntamiento de Alicante.
El fiscal Anticorrupción Felipe Briones considera una interpretación errónea de la sala que el pelotazo de Rabasa fuera un delito imposible porque nunca llegará a aprobarse. «Aún cuando resultara de interés público para el grupo de gobierno la promoción de Ikea en Alicante, tal interés resultó condicionado por la amistad entre Ortiz y Sonia Castedo» y se «exageraron artificiosa e ilegalmente los derechos del promotor como agente urbanizador». El fiscal asegura que se procuró una confusión «artificiosa e interesada entre los negocios de Ortiz y el interés general por la instalación de Ikea».
