«La verdad es que estoy satisfecha y tenía muchas ganas de que esto se acabara. Lo único que quiero es continuar con mi vida de la manera mas tranquila posible». Con estas palabras valoró ayer la exalcaldesa Sonia Castedo la confirmación por parte de la Audiencia del archivo del caso Rabasa que la ha mantenido bajo sospecha desde hace 8 años. «Nadie puede imaginarse lo que es esto y durante tanto tiempo», añadió.
Su abogado, José María Asencio, indicó que «era absolutamente lógico el archivo. No existía delito alguno sino conjeturas y, al final, la Audiencia dice que no existe un solo hecho delictivo». El abogado aseguró que «en el auto las referencias a Sonia Castedo indican que su actuación fue ejemplar. En 42 folios del auto se refiere tres veces a ella y las tres veces es para decir que actuó como debía actuar.». Asencio añadió que «es muy preocupante que se pueda llevar un asunto tan vacío durante 8 años con la Policía haciendo informes de 800 folios con el dinero de todos los ciudadanos».
También muy satisfecho se mostró ayer el exgerente de Urbanismo Enrique Sanus, investigado en el mismo caso. «Estoy contento, Se ha archivado como no podía ser de otra forma y por fin de forma definitiva», señaló, aunque «lo que no sé es quién va a responder de lo mal que lo hemos pasado los afectados y nuestras familias. Ocho años padeciendo y esperando, y diciendo a nuestros hijos que no había nada de lo que nos acusaban».
Joaquín Galán, abogado de la técnico municipal Isabel Campos, manifestó, a expensas de conocer el auto, que «se ha demostrado que la justicia está por encima de la política o por lo menos de los políticos que pretenden ganar en los juzgados lo que no ganan en las elecciones». A su juicio, «esto es importante porque se estaba judicializando excesivamente la política». «Por fin los jueces se dan cuenta de que se están llevando cosas a los tribunales penales que se pueden resolver en vía administrativa con el objetivo de desgastar a los políticos y hacerles la vida imposible». Galán se muestra rotundo al afirmar que «en Alicante hacía falta de una vez que los tribunales pusieran a algunos políticos en su sitio ».Aceptación del tripartito
Diferente punto de vista mostró ayer el portavoz de Guanyar y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, quien, partiendo del «respeto al auto que es firme», indicó que «pese a que no se reconocen responsabilidades penales, consideramos que de lo conocido había un comportamiento más que reprochable desde el punto de vista político y de la gestión del urbanismo en la ciudad». En referencia a la denuncia que su grupo, Esquerra Unida, interpuso en 2012, Pavón señaló que «nosotros hemos cumplido con nuestra obligación de denunciar los presuntos delitos» y recordó que «hay otra pieza que es la principal del caso Brugal que se encuentra en la fase final de instrucción y esperamos que en breve se aclaren las responsabilidades penales de las personas involucradas».
El portavoz del tripartito y miembro de Compromís, Natxo Bellido, señaló que «lo primero es respetar las decisiones judiciales, pero una cosa son las responsabilidades penales que dictaminan los juzgados , y otra cosa es la crítica política». Bellido añadió que «entendemos que tanto en el caso Rabasa como en el PGOU había relaciones impropias entre la alcaldesa anterior y un empresario de esta ciudad» y que «la absolución judicial no implica la absolución política».
Por su parte, el alcalde socialista, Gabriel Echávarri, indicó ayer que «no somos partidarios de valorar sentencias judiciales, creemos que la justicia sigue su camino y respetamos las decisiones» para añadir que «pensamos que es mejor mirar para adelante».
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Luis Barcala, expresó su «satisfacción» por el archivo del caso que afectó especialmente a su partido. «Siempre hemos defendido el respeto a la justicia y lo que lamentamos es la lentitud con la que llega esta resolución», señaló, para añadir que «al actual vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, se le acaba el único discurso que ha tenido a lo largo de los últimos años. Ahora ya no tienen ni él ni el tripartito excusa para seguir vetando la llegada de IKEA a Alicante, poniendo a Rabasa como justificación para frenar la generación de empleo y la llegada de inversiones a la ciudad». Barcala indicó que «esperemos que para el tripartito Rabasa deje de estar demonizada».
