La titular del juzgado de lo Penal uno de Alicante, Maria Teresa Belmonte, ha ordenado devolver a Enrique Ortiz los más de ocho millones de euros que el empresario pagó por el pleito que le llevó al banquillo junto al empresario Rafael Galea por un delito de fraude fiscal, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario. La decisión se adopta al declararse firme la sentencia que absolvió a todos los acusados del delito de fraude fiscal tras no haber sido recurrida por ninguna de las acusaciones, ni la Fiscalía, ni el Abogado del Estado.
En un auto notificado ayer a las partes, la magistrada declara firme la sentencia y ordena la cancelación de todas las medidas cautelares adoptadas en las distintas piezas separadas para el pago de la responsabilidad civil, así como el dinero consignado por los acusados. Fuentes cercanas al caso indicaron que además del dinero ingresado por Ortiz, también el juzgado había ordenado el embargo de varias fincas para garantizar el pago de las cantidades reclamadas por la Agencia Tributaria. Al haber sido absueltos, todas las medidas quedan ahora sin efectos y los bienes deberán ser devueltos a sus propietarios.
El presunto fraude fiscal que les llevó al banquillo fue una operación de venta de nueve parcelas de 239.000 metros cuadrados en el PAU 4 de la Playa de San Juan en el año 2006 de Hansa a Ortiz. La Fiscalía y la Abogacía del Estado les acusaban de haber simulado el alquiler de las parcelas antes de la operación para permitir a Hansa recibir beneficios fiscales de seis millones de euros que no le correspondían. La sentencia consideraba que ni hubo intención de defraudar, ni se causó un quebranto a la Hacienda Pública.
