El archivo de la Audiencia de Alicante del caso Rabasa supone un carpetazo definitivo. Contra la decisión adoptada por los magistrados por la sección Tercera no cabe recurso alguno, salvo que alguna de las acusaciones valorara la posibilidad de acudir a la vía del Tribunal Constitucional. Pese a que las escuchas, sobre las que el tribunal no se ha pronunciado, se remontaban al año 2008, no fue hasta 2014 cuando el caso comenzó a investigarse por el juzgado de Instrucción número seis de Alicante a raíz de que Esquerra Unida pidiera la reapertura de las diligencias. La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, dimitió de su cargo a raíz de su imputación por este caso. Los contenidos de las escuchas telefónicas entre la exdirigente municipal y el empresario Enrique Ortiz tuvieron repercusión en toda España. La Audiencia señala que las escuchas aportadas por la Fiscalía para apoyar su recurso no demuestran la especial amistad de Castedo con Ortiz y en ninguna de ellas aparecen hablando directamente, sino que las alusiones a la exmunícipe son mínimas o un tanto crípticas.
En la causa también se ha investigado a otros tres técnicos municipales que ya no se encuentran en los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Alicante: el exgerente de Urbanismo, Enrique Sanus; el exjefe jurídico del área, José Luis Ortuño; y la técnica municipal Isabel Campos, que aparecía en numerosas conversaciones telefónicas hablando con el promotor. La causa estaba abierta por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. La sala concluye que no hay indicios delictivos en la actuación de los investigados.
