La gestión de las bajas de los empleados públicos de la Generalitat por accidentes de trabajo o enfermedad profesional volverá el año que viene a ser pública. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que dirige Gabriela Bravo, está decidida a acabar con el acuerdo alcanzado hace tres años por el Ejecutivo popular de Alberto Fabra en virtud del cual compañías privadas de mutuas se hicieron con la gestión de este tipo de contingencias, una medida que afectó a cerca de 80.000 funcionarios. En 2013, el Consell convocó un concurso para seleccionar a centros privados sanitarios (uno por provincia) que se hicieran cargo de la atención sanitaria del personal de la Generalitat en caso de sufrir un accidente laboral o caer enfermos por cuestiones relacionadas por su trabajo. De esta forma, el Consell derivó a los funcionarios que hasta ese momento se atendían en centros de salud u hospitales. La decisión se presentó como una medida para reducir el absentismo ya que los entonces gestores de la Generalitat defendían que este sistema permitía agilizar los trámites y acortar los tiempos de baja de los empleados.
Sin embargo, los sindicatos rechazaron esta privatización y mostraron su desconfianza ya que, en su opinión, habría más presión a los médicos para que den las altas a los pacientes. Además, apuntaban que en realidad era abrir la puerta para que las mutuas hicieran negocio con las contingencias laborales. De hecho, las compañías presionaron entonces para lograr que el concurso incluyera la cesión de las bajas por enfermedad común. Alegaban que aunque no tenían competencia para dar las altas médicas por enfermedad común, sí para hacer el seguimiento y control médico de los trabajadores por incapacidad temporal derivada por contingencias comunes. Argumentaban entonces que con su gestión podían agilizar los procesos una media de cuatro días.
El Ejecutivo de Fabra rechazó esta demanda, pero siguió adelante con la privatización de las bajas por accidente, una fórmula que se ha ido prorrogando hasta la actualidad. En sus comparecencias, el Consell popular alegó que la iniciativa no tendría coste para la administración dado que la parte que por este concepto la Generalitat cotiza a la Seguridad Social pasaba a las compañías.
Según ha podido saber este diario, los datos que bajara la conselleria es que las compañías privadas han venido percibiendo unos cinco millones de euros al año.
El compromiso de rescatar este servicio y devolverlo a manos públicas está contenido en el acuerdo de legislatura que Bravo firmó con el grueso de los sindicatos. En principio, el rescate debía haberse hecho en 2016, pero la rescisión requiere denunciar el convenio que anualmente se firma con las mutuas. Será en 2017, según ha podido saber este diario. Bravo tiene previsto reunirse con la titular de Sanidad, Carmen Montón, para abordar este asunto ya que la sanidad pública deberá estar preparada para asumir de nuevo una importante cantidad de posibles pacientes.
En su origen la privatización afectó a los trabajadores de las conselleries de la Generalitat y al personal sanitario integrado en la Agencia Valenciana de Salud. También al personal docente y al de Justicia que está acogido al régimen de la Seguridad Social. Cabe recordar que todavía hay personal transferido en estos sectores en Muface. En total, 80.000 empleados públicos, según los cálculos que en su día hizo el Consell de Fabra.
