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La decisión del Consell de abandonar Avant compromete el futuro del parque central

La sociedad que impulsó la llegada del AVE tiene una deuda de 60 millones y la Generalitat ya ha comunicado a Fomento que no pondrá un euro más

La decisión de abandonar Avant compromete el parque central

La decisión de la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante -el Consistorio no ha dado todavía el paso oficial, pero comparte la tesis del Consell- de dejar de pertenecer a la sociedad Avant y que sea el Ministerio de Fomento quien asuma la titularidad de las obras realizadas para la llegada del AVE a Alicante, amenaza con volver bloquear, a medio plazo, el desarrollo urbanístico de los terrenos liberados parcialmente de las vías entre el túnel de acceso a la estación y la Vía Parque, donde está previsto construir el gran parque central de Alicante.

El Consell y el propio Ayuntamiento esperan desde agosto una respuesta oficial de Madrid pero ésta no ha llegado aún y ahora mismo la sociedad de la que todavía forman parte tiene que afrontar en los próximos seis meses (mayo de 2017), el pago de 60 millones de euros con los tres bancos que le prestaron el dinero para desbloquear los trabajos para que el AVE llegara en junio de 2013, de los que la mitad correspondería abonar a Fomento.

La Generalitat ya ha comunicado a Madrid que no piensa poner un euro más tras pagar como socio casi 50 millones de euros y las arcas municipales de Alicante no están para desembolsos extraordinarios, ya que tampoco se han generado plusvalías en los terrenos ferroviarios que siguen siendo de Fomento. De disolverse la sociedad, el proceso corre el riesgo de complicarse porque, además, existe una deuda de 60 millones de euros.

Avant está formada por el Ministerio de Fomento (50%), Generalitat (25%) y Ayuntamiento de Alicante (25%) desde su constitución en 2003 para gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura urbana correspondiente a los terrenos liberados por la ejecución de las obras de remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Alicante. Unas obras que tenía que ejecutar el Ministerio de Fomento para la incorporación de la ciudad a la red de Alta Velocidad, con un coste estimado de 69,5 millones de euros, mientras que la Generalitat haría una aportación de 48,42 millones de euros.

El resto de los costes previstos para pagar la actuación se estableció que se afrontarían con cargo a las plusvalías generadas por la actuación urbanística, el de momento fallido OI2 (70 millones de euros), que asumiría la sociedad y que ésta recuperaría con la gestión del suelo liberado por la actuación.

La Generalitat ya ha realizado el pago del total de su aportación (que finalmente quedó establecida en 49,4 millones de euros), y las obras se ejecutaron a cargo del crédito de 71,5 millones de euros que suscribió Avant con tres bancos. Este crédito es el que se debe empezar a devolver el próximo año la sociedad. Una obligación que, sumada a los intereses pendientes de pago (cerca de 2,3 millones de euros), supone que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat deberían destinar entre los años 2016 y 2017, respectivamente, cerca de 19 millones de euros, según el Consell, que considera que las cifras resultan inasumibles teniendo en cuenta la delicada situación presupuestaria y financiera que arrastran ambas Administraciones por la gestión de los anteriores gobiernos.

Las obras para la llegada del AVE a Alicante están concluidas y en servicio, y en estos momentos están siendo explotadas por el Ministerio. Sin embargo, la Conselleria de Vertebración del Territorio considera que se produce una situación claramente irregular porque los trabajos no han sido recepcionados por Fomento y Avant sigue siendo su titular y la responsable del reintegro de las cantidades obtenidas por el préstamo descrito. La Generalitat cree que debe delimitarse técnicamente la obra ferroviaria ya ejecutada y procederse a la transferencia de las existencias que posee actualmente Avant al Ministerio de Fomento para que asuma su titularidad a cambio del pasivo existente. «No tiene sentido que tanto las instalaciones ferroviarias como la propia estación continúen en manos de Avant», sostienen desde el Consell.

Por otro lado y en previsión de que el programa urbanístico OI2 se eternice, los técnicos de Avant están trabajando en una operación financiera para tratar de retrasar el pago de los 60 millones de euros que se deben a los bancos y que no se tienen. Iniciativa que afecta directamente al parque central y con él al Puente Rojo.

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