El equipo de gobierno local ha renunciado al proceso para la contratación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, cuya contrata lleva más de un año caducada y por el que cada mes se pagan 700.000 euros a una empresa de Enrique Ortiz fuera de contrato. El nuevo contrato estaba en fase de licitación y el tripartito, ante las movilizaciones anunciadas por los empleados, ha optado por anular el procedimiento y rehacer el pliego de condiciones para volver a sacarlo a licitación más adelante.
Así, El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante ha acordado este lunes, por vía de urgencia, renunciar a continuar con la tramitación de licitación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales para incluir algunas "mejoras de carácter social" para los trabajadores.
La decisión, adoptada en la Junta de Gobierno ordinaria, se ha tomado en el último día hábil para la presentación de ofertas a un pliego sobre el que los trabajadores no estaban de acuerdo.
El edil portavoz, Natxo Bellido, ha informado en rueda de prensa de la decisión y ha desgranado que el objetivo es tener tiempo para redactar una modificación con tres aspectos: la garantía de un mejor servicio; crear un pliego atractivo para las empresas e incluir "la mayor parte de cláusulas de carácter social que estuvieran alineadas con la defensa de los puestos de trabajo".
Bellido ha defendido que la decisión de renunciar surge del diálogo con los trabajadores, que la semana pasada anunciaron movilizaciones si no se atendían sus demandas. "Hemos entendido que había un margen de mejora de las nuevas cláusulas" ante un servicio "muy importante" que afecta a lugares "donde van los niños todos los días".
Así, el edil ha reconocido que se trata de una decisión "política", ha hablado de "medida valiente de un equipo valiente" y ha esperado que "al final" el pliego sea "bien recibido por todas las partes implicadas".
Bellido ha asegurado que esas nuevas condiciones no tiene por qué suponer un incremento de la licitación, que "al momento de tomar la decisión" en la Junta no había constancia de la presentación de propuestas y por tanto "no había derechos consolidados de ninguna empresa" y ha indicado que la justificación legal para suspender la licitación es "el interés público" por la "protección social" en la búsqueda de "garantías" laborales para las trabajadoras.
El edil de Compromís no ha adelantado de qué medidas se trata y que se irán concretando a medida que avance la nueva redacción.
Ayudas sociales
Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado ayudas "directas y excepcionales" por valor de 150.000 euros para personas en riesgo de exclusión por impago del alquiler en 2016. En total, se han beneficiado 252 familias, 222 para el pago del alquiler y 30 más por deudas de alquiler vencido. Las ayudas van desde los 300 a los 1.225 euros.
La Junta también ha dado el visto bueno a la tramitación del plan parcial del nuevo sector de Benalúa Sur. Bellido ha destacado que es "una gran noticia" y ha señalado que se ha "felicitado" al edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, porque "se desbloquea este tema que hacía muchos años que estaba bloqueado, por la quiebra de la constructora".
Bellido ha subrayado que se han asumido reclamaciones vecinales para la preservación, protección y puesta en valor de las chimeneas industriales y de la zonas verdes. El edil ha esperado que esté ejecutado a finales de 2018.
