Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial sobre el futuro de la infraestructura, el Ayuntamiento de Alicante ha dado esta semana un golpe de efecto significativo hacia su posible continuidad, con el comienzo de la rehabilitación del puente por el que circulan diariamente 25.000 vehículos. Lo que la semana pasada se quedó en una limpieza y mano de pintura, estos días se ha transformado en obra física con andamios y nuevo trazado para el carril de la Gran Vía.

Señal de que parece ya definitivo que el puente no se va a demoler, por lo que falta conocer si se mantendrá como un mirador peatonal del futuro parque central, desviando el tráfico de vehículos por debajo, donde ya no hay tráfico ferroviario (opción que aceptan los vecinos), o seguirá como hasta ahora.

Todo de dependerá del diseño final de la OI2, pero el coste de la actuación que se desarrolla ahora (335.000 euros) no hace pensar que la estructura se vaya a demoler porque, por otro lado, sigue siendo clave para la conexión viaria norte-sur de la ciudad, dado el retraso que sufre la Vía Parque. La Plataforma Renfe se muestra mucho más esperanzada tras las últimas reuniones con el vicealcalde Miguel Ángel Pavón, en el sentido de que finalmente se pueda retirar el tráfico de las molestas rampas de subida y bajada del puente, pero no hay nada oficial al respecto.

Un estudio del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, realizado por la ingeniera alicantina Alida Cañón, advirtió en febrero de 2014 de que resultaba incoherente plantear la demolición del puente, una infraestructura que tiene tan sólo 26 años de vida, cuando este tipo de obras se diseñan para cien o más años, según sea el grado de mantenimiento. El coste de derribo alcanzaría, además, los dos millones de euros de fondos públicos.

La cifra era siete veces más alta que la anunciada por la sociedad Avant, (300.000 euros), a la que habría que añadir otra partida todavía superior para la construcción del paso inferior. El Puente Rojo pasa por ser una de las infraestructuras viarias más emblemáticas de la ciudad, pese a su hasta ahora situación de abandono y falta de conservación, facilitando la circulación de 25.000 vehículos al día.

Los dos millones de euros calculados como coste de demolición incluían también las medidas para minimizar el impacto ambiental, como el ruido, vibraciones, polvo... porque el estudio alertó de que el derribo generará molestias a los residentes del entorno. Avant, coordinadora del proyecto para urbanizar los 470.000 m2 que quedarán libres tras la retirada total de las vías, sostenía que la demolición solo costará 300.000 euros. Sin embargo, según el informe, tutelado por Luis García, catedrático de Ingeniería Civil de la UA, el presupuesto de ejecución material, desmontaje, demolición y viabilidad de alternativas de reordenación del tráfico, alcanza el 1,8 millones de euros, bastante más alto que el de la empresa pública. No obstante, la conclusión de la ingeniera fue que, dado que la vida en servicio del Puente Rojo es todavía muy corta y que soporta en condiciones aceptables el volumen de tráfico de la Gran Vía, se tuviera en cuenta la hipótesis de rehabilitarlo -pintura, iluminación y juntas de dilatación- y se integrara en el proyecto del parque central, ya que el parque podría ejecutarse por la parte inferior del puente sin problemas. Algo que ha contemplado ahora parcialmente el Ayuntamiento de Alicante.

Según los técnicos, el Puente Rojo conserva todas sus aptitudes funcionales de cara a soportar el tráfico que los vehículos que lo cruzan, aunque el soterramiento de la línea de AVE Madrid-Alicante y la previsión de continuar con el resto de las vías, sí que hubiera hecho innecesaria la existencia de esta infraestructura, según planteó la sociedad Avant. Pero todo quedó a medias.