La concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante, Julia Angulo, alertó ayer de que la plantilla municipal que valora los expedientes de la dependencia se reducirá el próximo año de las actuales 32 personas a un máximo de 18 miembros si la Generalitat Valenciana no aumenta la subvención para la contratación de personal. «Si seguimos con los 700.000 euros [de este año], pasaremos a tener 18 profesionales», señaló ayer Angulo, preocupada además por la posibilidad de que la actividad quede directamente paralizada durante unos ocho meses ya que el próximo 31 de diciembre expiran los contratos.
La concejala Angulo, en una conferencia celebrada este pasado martes en el Club INFORMACIÓN, reconoció el temor a que los trámites para la concesión de la prestación de la dependencia se paralicen por la conclusión de los contratos. Desde la Conselleria de Inclusión Social, la secretaria autonómica Sandra Casas replicó en el citado acto que el Consell destinará 20 millones más para personal durante el próximo año.
Por otro lado, Angulo presentó ayer los primeros pasos del Plan de Inclusión Social de Alicante, para el que se contará con los resultados de una encuesta realizada a mil alicantinos, que servirá para elaborar un mapa de la exclusión social de los barrios de la ciudad.
Respecto a las viviendas de Juan XXIII, el PP volvió a defender ayer su enmienda para rehabilitar pisos en el barrio alicantino, a la vez que calificaron de «bodrio» la ley de vivienda. Por su parte, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, subrayó ayer que durante el gobierno autonómico de Francisco Camps se canceló un plan de vivienda de la zona norte de Alicante porque el Consell «no puso ni un euro». «Se gastaban el dinero en sus juergas», recalcó Bellido.
