La consellera de Urbanismo y Vertebración del Territorio, María José Salvador, presentó ayer en las Cortes la futura Ley de la Función social de la Vivienda con la que, entre otras cuestiones, se va a regular las viviendas vacías para darles un uso social. El Consell actuará contra los grandes propietarios (fundamentalmente entidades financieras) que dispongan de diez o más viviendas. Las que se declaren vacías (dos años sin habitar) pasarán a un registro, y en el caso de que el dueño no las ceda en régimen de alquiler con opción a compra, el Consell podrá hacer uso de ellas durante tres años y cederlas a familias que hayan perdido su casa por un desahucio.

La ley prevé mecanismos para movilizar el gran «stock» de viviendas vacías en la Comunidad, que asciende a unas 500.000. Según el texto legislativo, se considerará una vivienda vacía aquella que de manera continuada está deshabitado durante un periodo superior a dos años. Solo afectará a los considerados grandes propietarios que tengan más de 10 viviendas, en ningún caso a los particulares. Además, quedan excluidas las viviendas destinadas a usos de segunda residencia, turísticos o de usos profesionales, los dotacionales, los que se ofrecen en venta o alquiler para particulares, los que están pendientes de herencias, y los afectados por traslado temporal, entre otros.

Para procurar que se cumpla la función social de la vivienda, las administraciones desarrollarán diversas medidas de fomento, como ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30% de los ingresos. También habrá ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas. Además se fomentará el alquiler con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan en alquiler sus viviendas a personas y familias con dificultades para acceder a la oferta de vivienda (con ingresos inferiores a 4,5 Iprem). En estos casos, la Administración asegurará las viviendas. De igual manera se promoverá el alquiler solidario. Los propietarios podrán hacer una cesión de la vivienda a la Generalitat que dispondrá para su alquiler durante un período máximo de seis años. El propietario cobrará una renta a cambio de cede su piso.