El juez suspende la instrucción que obligaba a los enfermeros vascos a vacunar sin prescripción previa

Establece que si el enfermero administra la vacuna sin esa prescripción estará vulnerando la legalidad

01.12.2016 | 02:13

El Juzgado de los Contencioso-Administrativo numero 2 de Victoria-Gasteiz ha acordado la suspensión cautelar de la instrucción de Otsakidetza que obligaba a los enfermeros vascos a vacunar a la población sin una prescripción médica previa.

La Instrucción número 7/2016, de 2 de mayo, del director general del Servicio Vasco de Salud, establecía que los enfermeros de esta comunidad debían vacunar a los pacientes sin que fuera necesario exigir una prescripción médica individualizada para cada vacuna.

Esta instrucción señalaba que "la administración de vacunas, efectuada en el marco de una campaña de vacunación o de un calendario vacunal derivado de una decisión de la autoridad sanitaria en materia de salud pública (...) se regirá por las reglas específicas vigentes para cada una de las diferentes vacunas" y establecía que "compete al personal de Enfermería la administración de las vacunas y la impartición de los consejos sanitarios pertinentes".

La orden fue impugnada por diversas comunidades autónomas y los colegios profesionales de enfermería vascos, y ahora el magistrado considera que con ella se estaba infringiendo la ley, "si se estaban dispensando recetas sujetas a prescripción médica al margen de la dirección del personal médico".

De hecho, la considera una "mera orden de servicios" que "no puede 'vaciar' materialmente el régimen establecido en el Reglamento de 2015 tanto en lo relativo a las funciones del personal de enfermería en relación con la campaña de vacunación, o en la recalificación de la vacuna sujeta a prescripción facultativa --sin perjuicio de las campañas y calendarios de vacunación obligatorias o voluntarias-- que pueda desplazar la función prescriptora médica por una decisión de la autoridad sanitaria".

La Organización Colegial de Enfermería y el Sindicato SATSE han venido advirtiendo en el último año que esta nueva regulación jurídica conlleva la necesidad de que cualquier medicamento sujeto a prescripción médica vaya siempre acompañado de una prescripción médica individualizada para cada paciente.

Tras esta resolución, la Mesa de la Profesión Enfermera -integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE- celebra que "la Justicia refrende lo que ya veníamos advirtiendo desde las organizaciones profesionales y sindicales. Hemos denunciado hasta la saciedad que desde las consejerías autonómicas de Sanidad no se estaba informando correctamente a sus enfermeros al decirles que debían administrar las vacunas y podían hacerlo sin problemas, pues existía un respaldo legal".

Según apuntan las mismas fuentes, el cambio en el RD "afecta sustancialmente al funcionamiento del sistema sanitario porque así lo quiso el Ejecutivo en la anterior legislatura y tiene consecuencias para el paciente y los profesionales que no se pueden obviar cuando le interesa a la administración".

En este sentido, precisan que establece que la administración de vacunas debe estar precedida de una prescripción por parte del médico y si la enfermera administra la vacuna -u otros medicamentos- sin esa prescripción estará vulnerando la legalidad. "La enfermería no debe vacunar si no existe esa prescripción del médico y una determinación del protocolo a seguir --insisten--. De lo contrario el profesional enfermero estará realizando una actividad que es competencia de otro profesional (según lo establecido en el Real Decreto) o lo que es lo mismo, podría estar cometiendo intrusismo profesional. Asimismo, es preciso recordar que dicha prescripción médica debe quedar convenientemente registrada en la historia clínica del paciente".

"Los Servicios Regionales de Salud -añaden desde la Mesa- han emitido comunicaciones y/o instrucciones para que los enfermeros realicen la administración de la vacuna antigripal, aun incumpliendo los requisitos establecidos en el RD. Sólo si se modifica este RD, las enfermeras podrán gozar de seguridad jurídica en sus actos cotidianos relacionados con medicamentos, pero este texto, al que todos los grupos políticos salvo el PP se oponen, convirtió en "ilegales" actuaciones cotidianas que garantizan el correcto y normal funcionamiento del sistema sanitario y la colaboración entre los distintos profesionales".

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