30 de noviembre de 2016

El Consell ocupará viviendas vacías en Alicante para destinarlas a alquiler social

La Ley de la Función Social de la Vivienda dota de instrumentos legales a la Generalitat para expropiar temporalmente pisos de los bancos

01.12.2016 | 07:51
El Consell ocupará viviendas vacías en Alicante para destinarlas a alquiler social

Se considerará vivienda vacía la que se demuestre que está sin habitar a partir de dos años

La consellera de Urbanismo y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha presentado en las Cortes el texto de la futura Ley de la Función social de la Vivienda con la que, entre otras cuestiones, se va a regular las viviendas vacías para darles un uso social. El Consell actuará contra los grandes propietarios (entidades financieras) que dispongan de diez o más viviendas. Las que se declaren vacías (dos años sin habitar) pasarán a un registro y en el caso de que el dueño no la ceda en régimen de alquiler con opción a compra, el Consell podrá hacer uso de ellas durante tres años y cederlas a familias que hayan perdido su casa por un deshaucio.

La ley prevé mecanismos para movilizar el gran "stock" de viviendas vacías en la Comunidad, que asciende a unas 500.000. Según el texto legislativo, se considerará una vivienda vacía aquella que de manera continuada está deshabitado durante un periodo superior a dos años, solo afectará a los considerados grandes propietarios que tengan más de 10 viviendas, en ningún caso a los particulares. Además, quedan excluidos las viviendas destinadas a usos de segunda residencia, turísticos o de usos profesionales, los dotacionales, los que se ofrecen en venta o alquiler para particulares, los que están pendientes de partición hereditaria, los afectados por traslado temporal, entre otros.

Para procurar que se cumpla la función social de la vivienda, las administraciones desarrollarán diversas medidas de fomento, como ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30% de los ingresos. También ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas. Además se fomentará el alquiler con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan en alquiler sus viviendas a personas y familias con dificultades para acceder a la oferta de vivienda (con ingresos inferiores a 4,5 IPREM). En estos casos, la Administración asegurará las viviendas frente a los riesgos que se puedan sufrir por la ocupación habitacional.

De igual manera se promoverá el alquiler solidario. Los propietarios privados podrán hacer una cesión de la vivienda a la Generalitat que dispondrá para su alquiler durante un período máximo de seis años. El propietario cobrará una renta a cambio de que su vivienda esté en condiciones y en uso, y la conselleria se encargará de realizar el estudio económico y la rehabilitación que repercutirá en el propietario.

El objetivo es movilizar el máximo número de viviendas posibles, sobre todo, del importante "stock" que está en poder de las entidades financieras, a fin de dar respuesta habitacional a las personas que más lo necesitan. Si después de ofrecer las diferentes medidas de fomento incumple su obligación de función social de la vivienda, la Administración podrá actuar mediante multas que tendrán una finalidad incentivadora para el cumplimiento de las diversas obligaciones, los ingresos procedentes de las sanciones se destinarán a actuaciones en materia de vivienda.

Para garantizar el derecho a la vivienda, el anteproyecto establece que la Generalitat dotará a los presupuestos de fondos económicos para consolidar, ampliar y mejorar el parque público de viviendas. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio deberá, en un plazo máximo de dos años, desarrollar un plan plurianual de rehabilitación y ampliación del parque público, que incluirá también la adaptación de un 10% de las viviendas para personas con diversidad funcional. En este sentido, la consellera ha explicado que este tipo de medidas "permitirán evitar el abandono del parque público", ya que, tal y como ha recordado "cuando llegamos al gobierno nos encontramos casi 700 viviendas sociales en una situación de ruina total y absoluta".

Medidas contra los procesos de desahucio

La ley contempla también medidas de intermediación y fomento con las entidades financieras y, ante procesos de desahucio de vivienda habitual, por imposibilidad de hacer frente al pago de las cargas hipotecarias o de alquiler, se plantea poner en marcha medidas que posibiliten la continuidad en el inmueble como el alquiler con opción a compra. En estos casos, la Generalitat aplicará un alquiler social durante tres años, que no podrá superar el 25% de los ingresos de la unidad familiar salvo los casos en los que los inquilinos no se puedan hacer cargo. Sin embargo, solo en el caso de que la entidad financiera se niegue a formalizar un contrato de alquiler en opción a compra y, por tanto la vivienda habitual se quede sin ocupantes, la Generalitat podrá iniciar un procedimiento expropiatorio del usufructo a la entidad financiera por interés social y necesidad de ocupación, por un plazo máximo de tres años que podrá poner a disposición de sus ocupantes.

Para garantizar el total cumplimiento de lo establecido por la ley y también hacer estudios y evaluaciones de la situación de la vivienda en la Comunidad se creará un ambicioso protocolo coordinado por l'Observatori de l'Hàbitat, en el que participarán organizaciones sociales y empresarios representativas de colectivos y agentes del ámbito de la vivienda en la Comunidad Valenciana, así como diferentes consejos municipales creados al efecto.

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