La tramitación y seguimiento de casi siete mil expedientes de dependencia en la ciudad de Alicante quedará paralizada durante ocho meses si el 31 de diciembre, fecha en que expiran los contratos, son despedidos los 32 profesionales que el Ayuntamiento incorporó en abril para hacer valoraciones en base a un convenio con la Generalitat. El temor lo manifestó en voz alta la concejala de Acción Social, Julia Angulo, ayer, durante la conferencia celebrada en el Club INFORMACIÓN con motivo del décimo aniversario de la ley de Dependencia. En el acto, moderado por la redactora del diario Pino Alberola, participaron también Sandra Casas, secretaria autonómica de Servicios Sociales, y Teófilo Díaz, coordinador de la Plataforma de la Dependencia.
Angulo destacó que las valoradoras están haciendo un esfuerzo «sobrehumano» puesto que el Ayuntamiento, dijo, se encontró con numerosos expedientes pendientes de 2011, cuando gobernaba el grupo popular. «Tenemos en trámite los casos de 711 personas, pero hay muchos expedientes incompletos que van a la Conselleria y son devueltos. Las trabajadoras piden que haya una comunicación más fluida entre las dos administraciones porque trámites de un mes se llevan al final tres esperando que nos consulten para acabar el proceso. También echan de menos más formación, porque las valoradoras de la Generalitat reciben 300 horas y las del Ayuntamiento sólo 70».
Angulo dijo que los técnicos se vieron desbordados al iniciar la legislatura con casi 7.000 expedientes pendientes y que la subvención de la Generalitat para contratar valoradoras (el equipo habitual es de once trabajadoras) fue un balón de oxígeno. «Nos preocupa que el 31 de diciembre sean despedidas las 32 personas que fueron contratadas. Aunque el convenio se renueve, se volverá a firmar en mayo, las contratarán en agosto y empezarán a trabajar en septiembre, lo que puede suponer una paralización de ocho meses en los trámites de la dependencia».
En su intervención, la secretaria autonómica le replicó que los ayuntamientos no tienen por qué plantearse despidos a final de año porque «no se ha hecho ningún recorte». De hecho, aseguró que la Generalitat ha incrementado la partida en 20 millones. «Cada ayuntamiento mostrará su prioridad política para sus vecinos».
Sandra Casas anunció en el Club algunos de los términos del nuevo marco normativo de la dependencia en que trabaja la Generalitat, como la valoración en hospitalización de los niños con diversidad funcional así como de los adultos de larga estancia y hospitalización crónica, para evitar demoras en las ayudas. Casas precisó que el Consell asumirá la atención específica a personas con problemas de salud mental mientras el resto lo valorarán los ayuntamientos. También explicó que la anterior Conselleria estuvo dos años sin resolver expedientes, retraso, dijo, heredado del gobierno popular, de ahí que haya expedientes pendientes de 2011.
Según la secretaria autonómica, en un año se han concluido 15.000 lo que es una «barbaridad». «El objetivo es seguir reduciendo la lista de espera. No se puede mentir diciendo que se va a resolver en doce meses. Según los cálculos se pueden resolver 22.500 al año. Ese es el plan de choque que se decidió que se puede asumir con el personal que hay en la Generalitat». Además, anunció que se ampliará desde el 1 de enero la figura del cuidador al cuarto grado de consanguinidad, es decir a los primos, y al cuidador no familiar para que la precaria situación de empleo que hay detrás aflore. Los cuidadores tendrán derecho al alta y podrán solicitar la baja por enfermedad o prestación por empleador. Habrá terapia ocupacional, viviendas tuteladas y se amplía la figura del asistente personal. En la nueva cartera de servicios destacó la falta de residencia públicas y auguró que la red privada será insuficiente para hacer frente al envejecimiento poblacional.
Por su parte, el representante de la Plataforma de la Dependencia reivindicó un pacto de Estado de prestaciones, un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija el desequilibrio económico de la Generalitat, el reconocimiento de los cuidadores y un plan de choque que contribuya a incrementar el personal de los servicios sociales municipales.
El público echó de menos la presencia de representantes del Síndic de Greuges y de alcaldes, aunque asistieron representantes del PSOE, Compromís, Guanyar y Podemos. Acudieron, por ejemplo, los ediles de Alicante Pavón, Bellido y Giménez. Algunas trabajadoras sociales se mostraron muy críticas con Sandra Casas por haber tenido que asumir los ayuntamientos la valoración de las personas dependientes.
