Y de nuevo el Puente Rojo. El Ayuntamiento ha iniciado esta semana los trabajos para rehabilitar la infraestructura que conecta el sur y el norte de la ciudad a través de la Gran Vía con la limpieza a presión del puente, lo que, unido a las obras para retirar de la acerca el carril-bici, provocan congestiones de tráfico y grandes retenciones en las horas puntas del mediodía al cortarse un carril para salvaguardar la seguridad de los operarios. La limpieza para su posterior repintado forma parte de la iniciativa a desarrollar este año con un coste de 335.000 euros con cargo al dinero obtenido tras liquidar el presupuesto del año pasado. Un puente que lleva en el disparadero desde 2014, cuando la sociedad Avant planteó su demolición para dar paso a un parque.

La infraestructura tiene 28 años y los trabajos se desarrollan, por otro lado, en pleno debate entre la Plataforma Renfe, el Ayuntamiento y el Consell sobre el futuro que se debe dar a un puente que sigue siendo clave para la circulación de los vehículos, pero que también ha perdido protagonismo desde que por debajo no pasan ya los trenes tras el soterramiento parcial de las vías para la llegad del AVE.

La Plataforma Renfe acepta la postura del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de mantener la infraestructura si se contempla que el tráfico de vehículos se desvíe por debajo. Los vecinos insisten que el problema no es ya el propio puente en sí, sino el ruido que provocan los cientos de coches que acceden diariamente por las rampas de subida y bajada que se construyeron pegadas a las viviendas. El planteamiento de los vecinos pasa por trasladar toda la circulación de los vehículos debajo del puente, donde existe espacio para dos carriles en cada sentido e, incluso, una rotonda ajardinada. Algo que, además, según apuntó ayer José María Hernández, portavoz de la plataforma, contribuiría a adecentar la zona.

Los vecinos afectadas por el paso de los 25.000 vehículos que circulan al día sobre el Puente Rojo basaron, precisamente, una parte importante de sus alegaciones al plan urbanístico a desarrollar sobre los 460.000 m2 que quedarán libres tras el soterramiento de las vías del tren, en justificar la urgencia de demoler una infraestructura a la que ya se opusieron en 1988, cuando se levantó el puente. Pedían sustituirlo con un paso inferior como se hizo en la avenida de Dénia frente a los Jesuitas, algo a lo que finalmente renunciaron.