El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró ayer que la autopista de circunvalación de Alicante, así como todas las demás que en el conjunto del país se encuentran en concurso de acreedores, van a seguir abiertas y funcionando. Además, aseguró que asumir su gestión tendrá un coste inferior al que habría debido afrontar el Estado para construirlas. El titular de Fomento explicó que todavía no hay un cálculo final sobre a cuánto ascenderá la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en el caso de que estas autopistas pasen a manos del Gobierno. Esto obliga a pagar a las concesionarias el valor de los activos y las inversiones realizadas.

De la Serna, no obstante, recalcó que «con independencia de cual sea la RPA, es evidente que al ministerio la puesta en funcionamiento de esas autopistas le hubiese supuesto una inversión muy elevada y la recuperación de esas autopistas se hace a un valor muy inferior». Con todo, reconoció que «estamos en un proceso enormemente complejo», y señaló que los servicios técnicos del Ministerio están trabajando para cubrir la recuperación de estas autopistas en el caso de que ésta sea finalmente la única salida.

El de la circunvalación de Alicante es ahora mismo el proceso más avanzado que debe afrontar el Ministerio de Fomento. El futuro de esta vía está aparejado al de las radiales madrileñas R-3 y R-5, así como a un tramo de la autopista de circunvalación de la capital M-50 construido también por concesión. Tal y como se publicó en su momento, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictó el cierre de estas vías para el pasado 30 de septiembre, salvo que el Estado asumiera antes su gestión directa. Aunque esto último no se produjo, un acuerdo in extremis evitó que la autopista alicantina y las tres madrileñas afectadas quedaran clausuradas al tráfico, fijándose una prórroga de nueve meses, hasta el 1 de julio de 2017.

Así, en esa fecha las citadas autopistas sí pasarán a manos del Estado, según el compromiso alcanzado por el Ministerio. Está previsto que el mismo juzgado madrileño se pronuncie próximamente sobre el plan de liquidación de las concesionarias y fije una nueva fecha de su cese y fin de actividad.