Una tragedia invisible que sega vidas y desmorona hogares para sonrojo de un eufemístico estado del bienestar. La tenue luz de una vela encendida para no sobrevivir a oscuras al drama de la pobreza energética ha vuelto a poner de relieve las desventuras de miles de familias cuyos ingresos no alcanzan para pagar el recibo de la luz, con todo lo que ello supone. El pasado lunes, una anciana de 81 años murió en Reus envuelta por las llamas que empezaron a prender su casa el mismo día que le cortaron el suministro eléctrico sin previo aviso, una medida siniestra que esquivan más de 6.000 familias alicantinas gracias única y exclusivamente a la ayuda de sus ayuntamientos, ONGs y la Generalitat, que destina cinco millones de euros al año para combatir la pobreza energética.
Rosa estaba sola, arrinconada por una miseria que muchas veces llega sin avisar y se traduce en frío y tinieblas de puertas hacia dentro. Por desgracia, su caso sólo es uno entre los muchos que desnudan las estrecheces de miles y miles de personas asolados por un mal endémico que incide negativamente en la salud y que se relaciona con enfermedades como la neumonía, el asma, la artritis o distintos problemas mentales.
La pobreza energética eleva las tasas de mortalidad, especialmente entre las personas de avanzada edad, guardando una relación más o menos directa con alrededor de 800 defunciones al año en la Comunidad Valenciana. Y podrían ser más de no ser por los programas de ayudas establecidos por el Consell y los consistorios de los distintos municipios para paliar sus efectos nocivos.
Sólo en 2016, la Generalitat ha asumido el pago de los recibos de la luz de un total de 7.720 familias, evitando de este modo el corte del suministro por impago. De ellas, casi la mitad se concentran a lo largo y ancho de la provincia de Alicante; un total de 3.490, por las 3.090 que residen en Valencia y las 1.140 que lo hacen en Castellón, según los datos que maneja la Conselleria de Vivienda.
Estas ayudas se tornaron universales en 2015 y, para acceder a las mismas, ya solo se tienen en cuenta los ingresos de cada unidad familiar solicitante -igual o inferiores a 798,7 euros al mes o de 1.065 si conviven con discapacitados o dependientes- y las facturas impagadas, que no deben superar los 75 euros al mes ni los 300 euros al año para que la Generalitat evite el corte del suministro eléctrico. En el caso del agua potable, las facturas deben ser por impagos de hasta 15 euros al mes y un máximo de 60 euros por consumidor y año.
A este auxilio de carácter autonómico se suma el amparo que ofrecen los 141 ayuntamientos alicantinos a sus vecinos más vulnerables, unas ayudas que son incompatibles con las que ofrece el Consell y que impide a una familia recibir protección relativa a su situación de pobreza energética por las dos vías públicas oficialmente establecidas. A estas medidas de protección hay que sumarles las que ofrecen ONGs como Cruz Roja, que entre 2015 y 2016 ha ayudado a 1.870 familias en la provincia a hacer frente al pago de un total de 2.540 recibos.
El Ayuntamiento de Alicante ha tramitado con la Generalitat alrededor de 500 ayudas para el pago de luz, agua y alquiler en lo que llevamos de 2016, de las que se han beneficiado 250 familias, aunque sus medidas de socorro complementarias para necesidades básicas (alimentación, vestido y aseos), vivienda (suministros básicos y alojamiento) y gastos excepcionales han alcanzado a un total de 1.812 familias.
El consistorio de Elche, por su parte, ha gestionado hasta la fecha 593 expedientes para pagar recibos de luz de familias sumidas en emergencias sociales, mientras que en Torrevieja han sido en torno a cien familias las que se han acogido a las ayudas existentes por pobreza energética. En otros municipios como Elda, el ayuntamiento se ha hecho cargo de un total de 329 facturas de luz, una cifra que desciende hasta los 209 recibos en Villena, donde 137 familias se han beneficiado de estas prestaciones de carácter social.
El equipo de gobierno de Alcoy, por su parte, ha prestado ayuda a 1.236 familias para que puedan acceder a los suministros más básicos y pagar la luz, el agua o el gas, mientras que el consistorio de San Vicente ha abonado hasta 1.098 facturas a sus vecinos más vulnerables en este 2016.
Por último, en un municipio eminentemente turístico como Calp, 490 familias se han visto en la necesidad de acudir a las ayudas públicas para poder hacer frente al pago de sus recibos energéticos.
