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El Consell Juridic ve ilegal un aval de Bonig para pagar los accesos del AVE a Alicante

Un informe del órgano asesor de la Generalitat deja en el aire el pago de 7,1 millones que la sociedad Avant debe abonar a tres bancos

El Consell Jurídic Consultiu declara nulo un aval de Bonig de un pago del AVE

Un informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha declarado nulo el aval (comfort letter) que firmó el 10 de febrero de 2014 la entonces consellera de Obras Públicas, Isabel Bonig, para que la sociedad Avant, de la que la Generalitat forma parte con un 25%, suscribiera un crédito de 71 millones de euros para pagar las obras del AVE, en concreto los accesos Alicante. El fallo del órgano asesor de la Generalitat, con fecha del 6 de octubre, a instancias de una solicitud del actual Consell el pasado julio, deja en Avant un agujero de 7,1 millones en los trabajos (túnel y andenes) con los tres bancos que concedieron el crédito (Santander, Bankinter y Popular) ya que el plazo de devolución vence el 10 de mayo de 2017. En concreto, con el aval anulado la Generalitat se comprometía a pagar el 25% de los 28 millones correspondientes la segunda parte del crédito que se dividió en dos partes.

El fallo del consejo considera que Bonig firmó una «comfort letter» (carta de patrocinio o de compomiso), el 10 de febrero de 2014, en la que garantizó unos compromisos económicos para los que, teóricamente, no estaba facultada legalmente, ya que debía haber obtenido primero la aprobación del Pleno del Consell. El Jurídic advierte de que la actitud de la extitular de Obras Públicas puede causar graves problemas económicos a la Generalitat ante las acciones que puedan entablar los bancos para recuperar el dinero que prestaron y que ahora nadie sabe quién pagará, ya que el Consell considera y ya trasladó en agosto al Gobierno central que tiene que ser el que asuma la recepción de las obras y el pago del total de los 71,5 millones en concepto de amortizaciones mas 2,5 millones en intereses. La Generalitat ya pagó en su día los 50 millones de euros correspondientes a su participación en Avant, ya que Renfe y Fomento no aportaban capital y el Ayuntamiento de Alicante pagaría a cuenta con las plusvalías del bloqueado parque y posterior desarrollo urbanístico.

El AVE llegó en junio de 2014 pero para ello Avant tuvo que sortear antes varios problemas de financiación que provocaron, incluso, que las obras estuvieran paralizadas durante varios meses. El primer crédito de 90 millones de euros se pidió el 21 de julio de 2010. Cantidad que se refinanció tres años después (21 de julio de 2013) cuando quedaban todavía por pagar los 71 millones cuyo plazo vence en mayo del año que viene. El crédito de 71 millones de euros se dividió en dos tramos. El primero por un importe de 43 millones correpondientes a la parte ya dispuesta del mismo por Avant, para el que se estableció un interés anual del Euríbor más 4% y un vencimiento único y total el 10 de mayo de 2017. En el segundo tamo de 28 millones se establecieron varias fechas de abono que finalizan con un último plazo en mayo de 2017. El aval o «comfort letter» de Isabel Bonig se había firmado el 3 de mayo de 2013 ratificando los compromisos de la Generalitat. La consellera firmaría otra carta el 10 de febrero de 2014 -ésta anulada ahora por el Consell Jurídic- por la que se establecían nuevas obligaciones del Consell.

Con el dinero se pagaron las obras para sufragar los trabajos para que el AVE llegara a la estación por un pasillo con 300 metros soterrados y 700 a cielo abierto para finalizar en tres vías al norte de la estación, en el antiguo apeadero donde se limpiaban los trenes y se cargaban los vehículos en aquellos convoyes que permitían viajar con el coche. El AVE para allí y los pasajeros acceden al vestíbulo principal por un acceso provisional hasta que pueda contarse con la estación definitiva e intermodal. Parte de los 90 millones iniciales se destinaban también a financiar los trabajos de urbanización de toda la zona que quedará libre de vías, y donde se preveía que hubiera viviendas y el gran parque, cuyo número y volumen tenían que determinar los técnicos de Urbanismo.

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