Los propietarios de los seis bungalows que el Consell demolió a finales del año pasado para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ordenó su demolición por estar construidos, en concreto cuatro, sobre suelo declarado servidumbre de tránsito y protección, han decidido llevar el caso de nuevo al Tribunal, dado que la Generalitat no ha contestado a su reclamación patrimonial. Los dueños de las casas se consideran los principales damnificados de «un conflicto entre administraciones», según apunta Pascual Orts, en su día promotor de las viviendas y uno de los afectados.
En concreto, los propietarios cuentan ya con un primer informe de un perito judicial, realizado a instancias del TSJ, en el que tasa cada vivienda en 400.000 euros, con lo que el montante reclamado alcanza los 2,4 millones de euros.
Los afectados denuncian, por otro lado, que el Consell lleva diez años sin cumplir otra sentencia, ésta del Tribunal Supremo, que obliga a demoler otras 19 casas levantadas en la isla sin el correspondiente permiso de la Conselleria de Obras Públicas, que, curiosamente, el 29 de noviembre de 2001 ya había ordenado su paralización, incluso con multas para los promotores. El tema entró en una espiral de recursos y contra recursos que acabó en 2006 con la sentencia del Supremo.
En cuanto al fallo definitivo contra las casas que construyó Pascual Orts, éste coincidió con la presentación del futuro Plan Especial de Tabarca que hubiera salvado, incluso, las viviendas construidas, según apunta Orts. El proyecto no siguió adelante y la isla continúa rigiéndose actualmente por el plan especial de 1984 que, curiosamente, califica como edificable la parcela de 600 metros cuadrados que acogió las viviendas demolidas.
El Consell culminó a finales de 2015 el derribo de los seis bungalows que se construyeron sobre suelo declarado protegido y de tránsito (20 metros de servidumbre sumando ambas figuras) en Tabarca y fueron declarados ilegales por el TSJ en 2003, atendiendo una demanda de Costas de 1999. El Consell tenía previsto pasar al cobro de los dueños el pago del derribo, pero se enfrenta ahora también a una posible reclamación patrimonial de los mismos, ya que éstos estudian una indemnización de 2,4 millones de euros, al entender que la sentencia que declaró ilegal la construcción en 2003 fue contra la Generalitat Valenciana.
