Freno a nuevos planes Rabasa a gusto del promotor de turno. La consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, anunció ayer, tras reunirse con el grupo de expertos que trabajan en la modificación de la Ley de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), que la futura legislación acabará con la polémica competencia que el texto actual concede a los promotores particulares (agentes urbanizadores), permitiéndoles desarrollar proyectos que impliquen recalificar suelo de no urbano a urbanizable. El Consell quiere devolver el protagonismo a los ayuntamientos, que serán los que decidan sobre las parcelas.
De esta forma, la normativa que se quiere aprobar esta legislatura impedirá que en Alicante, o en cualquier municipio de la provincia, puedan diseñarse de la mano de un empresario particular macrooperaciones como la del extinto Plan Rabasa, que planteó en su día la recalificación de más de dos millones de metros cuadrados para la la construcción de 13.000 viviendas y una tienda Ikea en el barrio alicantino donde se preveía crear una nueva zona urbana para 45.000 habitantes. Actuación que fue polémica desde el primer día por aspectos como el pésimo diseño de los accesos, o la falta de dotaciones de agua, lo que llevó, incluso, a plantear la construcción hasta de una desalinizadora (Mutxamel) para completar el plan. Los tribunales acabaron eliminando el plan y hoy, diez años después, ni hay viviendas, ni hay Ikea.
Salvador subrayó, en este sentido, que «venimos de un modelo urbanístico basado en la especulación, que ha dejado por todo el territorio Plan de Actuación Integrada (PAIs) fantasmas donde ha habido una mala planificación y una mala gestión del anterior Gobierno, que nos ha llevado a un importante número de demandas de responsabilidad patrimonial».
La titular de Territorio avanzó dos de las medidas en las que trabajan los expertos. Por un lado, se limita la posibilidad de clasificación de terrenos vinculados a programas de actuación integrada, de gestión indirecta o por propietarios. «Hemos eliminado la posibilidad que existía de que a través de la iniciativa privada se pudiera promover la reclasificación de suelo no urbanizable a urbanizable. La iniciativa y la promoción privada al final podían decidir el modelo de ciudad y eso no se podía seguir permitiendo».
La ley reforzará la gestión directa, la que compete a la Administración, «la que vela por el interés general y la que, en definitiva, tiene esa vocación y esa voluntad de servicio público y que recupera un urbanismo sostenible y un crecimiento armónico en tu territorio. Por tanto, la medida que se propone aportará mayor seguridad jurídica a los inversores y, además, se conseguirá que la Administración decida el diseño de ciudad que quiere», aseveró María José Salvador.
Por otro lado, la consellera también ha avanzado que entre las propuestas planteadas también está la de intentar dar solución legal a centenares de situaciones que están paralizadas desde 2008. «Es necesario y urgente dar soluciones a los cientos de PAIs fantasma. Ya hemos tomado decisiones contundentes a este respecto al evitar la reclasificación de casi 13 millones de metros cuadrados que estaban previstos, y esto lo hemos hecho en este año y medio de Gobierno, con el PATIVEL, con la Ley de l'Horta y los planes metropolitanos que estamos tramitando», indicó la consellera Salvador.
