14 de noviembre de 2016
Momentos de Alicante

Abortar en la posguerra (I)

14.11.2016 | 01:55
Abortar en la posguerra (I)

El aborto inducido estuvo prohibido en España hasta que, en 1937, en plena Guerra Civil, el gobierno republicano presidido por el socialista Largo Caballero, siendo ministra de Sanidad la anarquista Federica Montseny, lo despenalizó y reguló.

Pero, finalizada la guerra, el gobierno franquista volvió a ilegalizar el aborto provocado. No obstante, la práctica de interrumpir voluntariamente el embarazo siguió existiendo en nuestro país, a pesar de la dura legislación franquista que se aprobó en su contra, como la ley de Represión del Aborto, de 1941. Una práctica que ponía en peligro la vida de las embarazadas, debido a la precariedad sanitaria que acarreaba la clandestinidad. Solían ser solteras, viudas o casadas con familia numerosa. La mayoría eran mujeres con escasos recursos económicos, puesto que las ricas podían asegurarse una asistencia sanitaria apropiada, aunque fuese en el extranjero (lo que unas décadas después se denominaría turismo abortivo).

La persecución franquista de la interrupción voluntaria del embarazo condujo a la investigación y esclarecimiento de cualquier aborto que se produjera, sobre todo cuando el resultado era mortal. Es el caso de la alicantina Julia García Sendra, quien murió en la mañana del 29 de noviembre de 1941 en su casa (Díaz Moreu, 96), a consecuencia de una hemorragia provocada por un aborto. El médico de la Casa de Socorro que acudió a asistirla llegó a tiempo solo de certificar su muerte. A pesar de que todo parecía indicar que se trataba de un aborto natural, tal como informó el médico, ya que no se apreciaban en el cadáver «huella de intervención ni ingestión de sustancia abortiva», el juzgado número 1 abrió diligencias para que se practicara la autopsia correspondiente.

Lógicamente, no existen estadísticas sobre los abortos provocados que se llevaron a efecto durante la década de 1940 en Alicante, ni tampoco en España. Se conocieron muchos de los que salieron mal, provocando la gravedad o muerte de las abortadas, porque fueron asistidas por médicos, ya fuera en sus propias casas o en establecimientos sanitarios. Y los médicos estaban obligados a informar a las autoridades. Pero los abortos que no tenían consecuencias graves, que eran la mayoría, pasaban completamente desapercibidos por razones obvias. Aunque hubo algunos que fueron denunciados por alguien próximo a la abortada. Tal como sucedió, aquí, en la ciudad de Alicante, con Montserrat López Santos, denunciada en mayo de 1943 por Pascual Morote ante el juzgado número 2, por haberse provocado ella misma un aborto dos meses antes.

Comadronas

Aunque también hubo médicos aborteros, eran comadronas (también llamadas matronas o profesoras de partos) las principales implicadas en la realización de abortos clandestinos durante la posguerra. Algunas de ellas fueron juzgadas más de una vez, acusadas de practicar este delito.

En ocasiones, las procesadas acababan siendo absueltas. Así ocurrió, por ejemplo, con Matilde Valero Soriano (profesora de partos colegiada), a quien acusó el fiscal de haber practicado un aborto el 15 de julio de 1943 a Pilar Monllor Serra (embarazada de 4 meses y medio; a quien supuestamente cobró 200 pesetas en metálico), como consecuencia del cual ésta sufrió una infección puerperal y falleció.

Durante el juicio oral, celebrado en la Audiencia Provincial el 6 de noviembre de 1945, Matilde reconoció que fue visitada por Pilar Monllor, quien le dijo que era viuda y que deseaba abortar, pues no quería que sus cuatro hijas se enteraran de que estaba embarazada, pero que se negó a practicarle el aborto. Al insistirle, asegurando que ya lo había intentado ella misma y que estaba dispuesta a matarse, Matilde se limitó a reconocerla, apreciando que efectivamente ya había abortado. Le recomendó que buscase la asistencia de un médico y le cobró 25 pesetas.

Pilar fue visitada en su casa por el médico de la Casa de Socorro Rafael Gandulla, quien le recomendó fuese a la Maternidad Provincial. Allí ingresó aquel mismo día 15, donde el médico Agustín Sánchez Altolaguirre la reconoció, no encontrando ningún síntoma patológico. Ella le pidió el alta, pero él se negó a dársela porque, a pesar de no tener fiebre, hacía pocas horas que había abortado. A pesar de ello, abandonó el hospital al día siguiente.

Pilar falleció pocos días después a causa de una septicemia. Los médicos forenses Edmundo Ramos y José Alós le practicaron la autopsia, no encontrando vestigios en el útero de maniobras abortivas, «si bien por causa de la septicemia hubieran podido desaparecer dichas huellas por el tiempo transcurrido, aunque si hubiera habido maniobras abortivas, hubieran tenido una reacción febril, lo que no ocurrió, ya que la enferma no tenía fiebre cuando ingresó en la Maternidad». A pesar de ello, el juez ordenó la prisión provisional de la comadrona Matilde Valero, sospechosa de haberle practicado el aborto a la fenecida.

En su sentencia del 9 de noviembre de 1945, el tribunal de la Audiencia Provincial absolvió a Matilde Valero Soriano, de 45 años de edad, natural de Villajoyosa y vecina de Alicante, casada y matrona, pero nadie la compensó por haber estado encarcelada injustificadamente desde el 28 de agosto al 21 de diciembre de 1943.

Por lo general, sin embargo, las comadronas implicadas en estos casos solían ser realmente responsables de practicar abortos inducidos, a petición de las interesadas. Aunque ciertamente cobraban por sus servicios casi siempre, en su mayor parte eran mujeres comprometidas ideológicamente, algunas de las cuales habían sufrido prisión tras la guerra por su republicanismo, tal como veremos la semana que viene.

Los procedimientos que utilizaban eran químicos (fármacos) o quirúrgicos (aspiración, dilatación, legrado). Hubo comadronas alicantinas que usaron como abortivo la quinina, pero al ser necesario dosis muy elevadas para producir efecto, la mayoría prefería el cornezuelo de centeno. Para acabar con las hemorragias ulteriores al aborto, o como placebo, cuando no querían practicarlo por cualquier razón, para conformar a las clientas algunas recomendaban Metranodina Serono, un específico que procuraba todo lo contrario a los fines abortivos, puesto que era constrictor y se empleaba para la regularización de las metrorragias (hemorragias de la matriz fuera del periodo menstrual).

Uno de los métodos más artesanos y que menos señales dejaba era la utilización de tallos de laminaria. Las láminas largas y correosas de esta alga se cortaban como palitos de diferentes tamaños, que se usaban para inducir la dilatación cervical del útero, hasta provocar el aborto.

Detención colateral

A pesar de que, como decíamos, la Metranodina Serono era un específico que no provocaba el aborto, sino más bien todo lo contrario, el auxiliar de farmacia José Romero fue detenido por despacharle sin receta el 4 de diciembre de 1939 un frasco de este medicamento a la madre de Matilde Rubert.

Matilde, que estaba embarazada, falleció tres días después en el Hospital Provincial, a causa de una peritonitis causada por el aborto que tuvo. El fármaco se lo había recomendado la comadrona Rafaela Bañuls, que también fue detenida y encarcelada.

José Romero Ramírez, natural de Ciudad Real, de 29 años de edad, casado y con domicilio en Benito Pérez Galdós 34, trabajaba como auxiliar en una farmacia situada en la calle Calderón de la Barca desde hacía 8 años. En su declaración, dijo que no tuvo inconveniente en despachar aquel fármaco sin receta porque en la etiqueta no ponía que fuese obligatorio presentarla. El dueño de la farmacia, Luis Gimeno Brotons, natural de Monóvar, de 29 años, casado y farmacéutico, con domicilio en Poeta Carmelo Calvo 5, manifestó en su declaración ante el juez que no estaba en su farmacia cuando Romero despachó el específico, lo que no debió hacer sin receta, a pesar de que en la etiqueta no se advirtiese de la obligación de presentarla, pero explicando a continuación que la Metranodina Serono, en la dosis que marcaba el envase, no solo era inofensiva para una embarazada, sino recomendable para evitar pérdidas de sangre.

A pesar de ello, José Romero estuvo encarcelado durante varias semanas.

www.gerardomunoz.com

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