14 de noviembre de 2016

Sólo 12 municipios alicantinos carecen de liquidez para afrontar sus pagos pendientes

La gran mayoría de ayuntamientos de la provincia cerraron el ejercicio 2015 con ahorros

16.11.2016 | 00:16
Sólo 12 municipios alicantinos carecen de liquidez para afrontar sus pagos pendientes

Bigastro es la población con peores datos (-728,3 euros por vecino), mientras Murla es la localidad más saneada (+1.802,9 euros).

Los ayuntamientos alicantinos pueden presumir de gozar de una excelente salud financiera. Al menos, en su mayoría. De acuerdo con las liquidaciones de los presupuestos municipales del pasado año, sólo 12 consistorios de la provincia carecen de la liquidez necesaria para hacer frente a sus pagos pendientes. O, lo que es lo mismo, cerraron 2015 con un remanente de tesorería negativo para gastos generales. Así se desprende de los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Pero, ¿qué ayuntamientos son? Se trata, en concreto, de Benijófar, Rafal, Monóvar, La Vila Joiosa, El Verger, Benilloba, Aigües, Novelda, Penáguila, Busot, Daya Vieja y Bigastro. El departamento de Hacienda no ha ofrecido la información de otras 15 pequeñas poblaciones que enviaron tarde su liquidación, mientras que el resto arroja datos en verde.

Las cifras cobran especial relevancia si se comparan con los datos de población. Así, cada vecino de Bigastro –la población que arroja peores guarismos– debería aportar una media de 728,3 euros para que su ayuntamiento pudiera abonar las facturas pendientes. En el polo opuesto se sitúa Murla, una pequeña población de la Marina Alta de sólo 516 habitantes censados y 518 inmuebles construidos. Allí, el remanente de tesorería es positivo en más de 1.800 euros por vecino, tal y como se puede comprobar en la tabla estadística que acompaña esta información.

Ese saneamiento generalizado de las cuentas se antojaba prácticamente imposible hace pocos años. Cuando la crisis económica comenzó a ofrecer sus primeros síntomas a finales de 2007 y poco después estalló la burbuja inmobiliaria, una gran cantidad de ayuntamientos alicantinos se vieron incapaces de cuadrar sus cuentas. Los ingresos ligados al ladrillo comenzaron a caer en picado hasta pasar a ser prácticamente residuales –el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) y las tasas urbanísticas– y los consistorios se vieron obligados a incrementar el tipo impositivo del IBI para evitar cerrar los ejercicios presupuestarios en rojo. Pero muchos no lo lograron.

Punto de inflexión
La situación comenzó a cambiar en 2012. Con Mariano Rajoy ya en el Gobierno y Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo central aprobó en 2012 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En la práctica, esta norma limitó la capacidad de actuación municipal, puso coto al déficit y promovió la amortización de deuda de las administraciones públicas.

Y de forma paulatina se han ido apreciando los resultados. Hasta el punto de que al cierre de 2015, la gran mayoría de entidades locales alicantinas despidieron el año con un remanente de tesorería positivo. Ese «ahorro» que han ido amasando los ayuntamientos desde hace ya algunos ejercicios se tenía que destinar, por ley, a rebajar el endeudamiento. La presión de los alcaldes, sin embargo, hizo recapacitar al Gobierno. El Ministerio de Hacienda aceptó cambiar la normativa y ha autorizado a que los consistorios destinen una parte de ese remanente a acometer inversiones financieramente sostenibles. Es decir, que no supongan una carga futura para el ayuntamiento.

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