En muchas ocasiones fallecen antes de conseguirlo. La lista de espera para lograr plaza en una residencia pública de la provincia de Alicante asciende en estos momentos a 1.200 personas, según datos facilitados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Según fuentes que trabajan en el sector residencial, el tiempo de espera medio es de año y medio, superándose los dos y tres años en muchos casos. Un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo debido a la escasa red residencial y que supone uno de los mayores retos para el nuevo Consell. En toda la Comunidad Valenciana son 3.400 los mayores que carecen de atención residencial debido a la falta de infraestructuras en este ámbito, según la información proporcionada por el departamento de Mónica Oltra.
Por otro lado, en la provincia hay 3.123 personas que ocupan plazas residenciales sostenidas con fondos públicos y otras 785 que reciben una prestación vinculada al servicio para costearse una plaza residencial.
Con el objetivo de terminar con esta inasumible lista de espera, la Conselleria de Igualdad está impulsando un plan de reordenación del sector residencial, que tiene como objetivo que las personas mayores tengan acceso a una plaza lo más cerca posible de su domicilio, a una distancia inferior a los 20 kilómetros.
Hace unas semanas, Mónica Oltra anunció que el próximo año se van a contratar 3.000 plazas en residencias privadas con un concurso abierto, 2.158 de ellas adjudicadas por el anterior gobierno a una serie de empresas en un procedimiento que el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal. De estas 3.000 plazas residenciales previstas para toda la Comunidad Valenciana, en torno a 1.000 serán para la provincia de Alicante, según han precisado esta semana desde la Conselleria de Igualdad. Además se ampliarán las plazas municipales en 193. Todo con el objetivo de terminar con la enorme lista de espera que desde hace años se arrastra por la falta de infraestructuras de carácter público.
Con este nuevo plan de proximidad, la Conselleria de Igualdad espera que el 99% de los ancianos que soliciten una residencia cerca de su casa la consigan. En caso de no lograr esa plaza en una residencia cerca del entorno del anciano, la conselleria le ofrecerá una prestación vinculada al servicio para que pueda ir a una residencia, lo que implicará establecer un precio público por plaza. Oltra señala que esto beneficiará a las rentas inferiores a los 1.000 euros mensuales.
En toda la Comunidad Valenciana hay actualmente 10.508 personas en residencias sostenidas con fondos públicos y otras 3.196 requieren de una ayuda para pagarse la residencia.
Durante la presentación de este nuevo plan, Mónica Oltra recordó que la última residencia abierta y gestionada con fondos públicos fue la de La Florida, en Alicante, que data del año 1997 y que la última de titularidad pública y gestión privada se abrió en la provincia de Valencia en 2014.
