La decisión de la Dirección General de Tráfico de prohibir que los vehículos eléctricos de movilidad personal circulen por las aceras ha levantado la indignación de las personas con movilidad reducida. Y es que cada vez son más los discapacitados que utilizan scooters para sus desplazamientos por la ciudad. «Esta medida supone la vulneración de los derechos más básicos de las personas discapacitadas», señala Antonio Ruescas, presidente de Cocemfe Alicante.
Ruescas recuerda que las sillas eléctricas o los scooters «son una ayuda técnica para que podamos llevar una vida normal», por lo que prohibir que circulen por los espacios peatonales «supone un freno para nuestra integración».
La Dirección General de Tráfico estima que los vehículos de movilidad personal cuentan con una masa superior a la de las personas y se mueven a una mayor velocidad, por lo que establece que estos dispositivos deben circular por la calzada. Una situación que, a juicio de Ruescas, puede acarrear más riesgos de los que se quieren evitar. «Si las personas con movilidad reducida se meten con las sillas y scooters por las carreteras corren un grave riesgo de ser atropellados o de provocar accidentes de tráfico».
Con todo, el responsable de Cocemfe Alicante, cree que el uso de los scooters necesita de una regulación urgente tras unos años en los que no ha dejado de aumentar la presencia de estos vehículos en las ciudades, sobre todo en las más turísticas. «En Benidorm y Torrevieja hay empreas que los alquilan a turistas que vienen en grupo, no tienen problemas de movilidad, y que usan los scooters para ahorrarse el dinero del taxi». Situaciones que están generando altercados «que no nos benefician en nada al colectivo de personas con discapacidad». En este sentido Ruescas señala que «sí que somos partidarios de que se regule la circulación de vehículos a motor por las aceras, para diferenciar entre el uso normalizado de personas con movilidad reducida, que las utilizan como único medio posible de transporte, y el abuso que se está realizando en zonas turísticas por otras personas y empresas de alquiler, que invaden las acercas y generan situaciones de riesgo como una forma de ocio».
Con todo, desde Cocemfe piden a la Dirección General de Tráfico que se cuente con los colectivos de personas con discapacidad para abordar cualquier cambio en la legislación.
Para finalizar, desde la entidad se considera «grave que la resolución de la DGT deje en manos de los ayuntamientos la última palabra a la hora de modificar sus ordenanzas para especificar por dónde pueden circular, con lo que se abre la puerta a que los usuarios de silla de ruedas tipo scooter puedan circular por unas ciudades si y otras no, por unas calles si y por otras no».
