Los centros comerciales Gran Vía, Plaza Mar 2 y Puerta de Alicante, que acaban de ganar en primera instancia su demanda judicial contra el Ayuntamiento para poder abrir sus tiendas los días festivos, no descartan pedir responsabilidad patrimonial a la administración local si se les obliga a seguir cerrando. Los operadores están a la espera de la presentación del recurso que el miércoles anunció el alcalde, Gabriel Echávarri, contra la sentencia del Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo 4 de Alicante para dar el siguiente paso en este pulso para conseguir la libertad horaria. Mientras tanto, desde el tripartito explicaron que la asesoría jurídica municipal está pendiente de redactar y fundamentar el recurso, que han de presentar en menos de dos semanas.
Los operadores, a los que un juzgado les reconoce que cumplen los requisitos que establece la Ley de Horarios Comerciales para poder abrir toda la semana al estar ubicados en zonas turísticas, afirman sentirse perjudicados y perseguidos políticamente, pese a lo cual aseguran que no quieren perjudicar a las arcas municipales. Por ello, son partidarios de llegar a un acuerdo con el tripartito y se ofrecen a una nueva negociación al considerar que cumplen parte de las condiciones que les puso para la apertura el gobierno local. En este sentido, su abogado, Rubén Navarro, desveló ayer que plantearon al alcalde, Gabriel Echávarri, una oferta de contratación de más de 400 empleados entre las tres grandes superficies.
«Nos gustaría llegar a una solución consensuada con el Ayuntamiento pero no hay manera. Estamos en un callejón y no nos dejan otra salida que la vía judicial, en la que estamos por obligación», indicó el letrado, que entiende que sus clientes reclamarán la ejecución provisional de la sentencia para poder abrir antes de que concluya el pleito. «Sería lo más razonable pero les gustaría no solicitarlo y llegar a un acuerdo porque sostienen puestos de trabajo en Alicante, pagan aquí impuestos y contribuyen a la actividad económica de la ciudad».
Navarro, que pertenece al despacho de abogados de Garrigues, aclaró además que la juez María Begoña Calvet no ha desestimado la pretensión indemnizatoria de los tres centros comerciales contenida en la demanda, sino que declara su «inadmisibilidad» y les indica que primero tienen que ir por vía administrativa. «No nos dice que no tengamos derecho a la reclamación sino que primero tenemos que plantearla en el Ayuntamiento», mediante una reclamación de responsabilidad patrimonial, que entienden que pueden ganar. Por este motivo, indica el letrado que no concretaron ninguna cantidad en la demanda. «No queremos, porque no nos resulta interesante castigar a las arcas municipales. Si hubiéramos querido, habríamos aportado un informe económico con el perjuicio por cerrar los domingos». No obstante, Navarro advierte de que si se ven obligados a presentarlo, lo harán.
Los tres centros comerciales consideran disponer de suficientes avales para reivindicar la libertad comercial. Además de la sentencia judicial en primera instancia, manejan los informes que elaboraron las áreas de Turismo y Comercio del Ayuntamiento, otro de la Universidad y el dictamen de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, que entienden que refrendan su solicitud para ser incluidos en una Zona de Gran Afluencia Turística.
«Si hay un dato objetivo es que desde 2013 a 2016, los únicos que no hemos podido hacer uso de la libertad comercial somos nosotros. No somos los verdugos, somos las víctimas. Si alguien se ha sentido perjudicado, somos nosotros. No hemos podido abrir en estos tres años y se pretende perpetuar la situación. Nuestro objetivo es que nos dejen abrir los festivos porque la Ley de Horarios Comerciales y la juez que la interpreta nos dan la razón. Hay unanimidad desde el punto de vista jurídico y técnico de nuestro derecho a abrir. Desde el punto de vista político no».
El representante legal de los operadores de gran comercio aclaró que la divergencia con el tripartito está en el número de festivos que han de trabajar los empleados, que el alcalde ha cerrado en 11 con El Corte Inglés. Un punto que aseguran que no pueden cumplir porque se está negociando en Madrid un convenio colectivo que afecta a 20.000 empleados y no pueden tomar una decisión empresarial al respecto a nivel local. «Somos contenedores de pequeño comercio y cumplimos con todo lo que pide el Ayuntamiento que estamos en condiciones de cumplir. Nos gustaría sentarnos con el tripartito y buscar una línea de acuerdo. Somos empáticos y nos gustaría trabajar de cara con el Ayuntamiento, no de espaldas».
La Confederación de Comerciantes, Covaco, pide que solo haya una zona turística.
