El uso abusivo de las sillas motorizadas y los desfases de algunos conductores que las empleaban a modo de divertimento, ebrios, en carreras o despedidas de solteros, que causaron varios atropellos, llevó al Ayuntamiento de Benidorm a regular su uso a través de una ordenanza en 2013. Con esta normativa, la ciudad fue pionera en poner coto a esta práctica, principalmente por la proliferación de empresas de alquiler de estos de vehículos, que llegaron a mover más de 500 sillas en la ciudad. La ordenanza equipara a los usuarios con un peatón y les permite circular por aceras o calles peatonales, sin rebasar la «velocidad del paso humano». También limita el alquiler a personas mayores de 55 años o, si son menores de esa edad, que puedan acreditar problemas de movilidad. Para las empresas de alquiler, les obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil y a darse de alta en un registro, que aún se está elaborando. Junto al Ayuntamiento, algunos hoteles también pusieron coto a su uso dentro de las instalaciones. R. P
