La Comunidad Valenciana dispondrá de un Censo de víctimas. Así aparece recogido en la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia que ultima la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y que se hará pública en los próximos días. Esto hará que coincida con el 80 aniversario desde que Valencia fue, temporalmente, capital de la Segunda República.

La consellera de Justicia -también de Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades- pretende dar un giro de 180 grados a la gestión de la memoria histórica en la Comunidad Valenciana. En el censo constarán, de forma voluntaria, las personas que hayan padecido la represión del régimen franquista y toda la información relevante sobre sus casos: las situaciones vividas, su desaparición o fallecimiento, así como fechas, lugares y otros datos de interés. Además, también podrán constar los que fueron recluidos en campos de concentración o vivieron otras situaciones de represión o desplazamiento forzado en el extranjero.

Con esta ley -inspirada en las que ya tienen Cataluña, Navarra, País Vasco o Baleares-, el gobierno del Botànic pretende reconocer a aquellos valencianos que lucharon por los derechos y libertades que, con el tiempo, dieron lugar a la autonomía valenciana. Así, además de las entidades memorialísticas, la Generalitat también se convierte en promotora de la recuperación de la memoria democrática, un concepto elegido, como refleja el nombre de la ley, para referirse al periodo comprendido desde abril de 1931 a julio de 1982. Además de reconocer a las víctimas (desaparecidos, exiliados, encarcelados, trabajadores forzosos, cargos de la República, miembros de minorías, niños robados...), también se incluye su derecho a la reparación, y la necesidad de impulsar la localización, exhumación e identificación de los restos en fosas comunes. Además de los trabajos y acciones que se lleven a cabo día a día y que se recogerán en planes cuatrienales, las víctimas cuentan con un día especial de recuerdo y homenaje: el 28 de marzo, cuando falleció preso el poeta Miguel Hernández.

Junto al censo también se creará el Catálogo de Lugares e Itinerarios de la Memoria, para la conservación y mantenimiento de enclaves en los que se desarrollaron hechos históricos o simbólicos relevantes; y un registro en el que consten las entidades valencianas de recuperación de la memoria. En la ley, la consellera Bravo también ha previsto la necesidad de identificar, proteger y recuperar el patrimonio documental de la guerra y la dictadura elaborado en la época por todo tipo de colectivos y entidades. Todo, con un objetivo divulgativo para evitar la impunidad y fomentar la creación de una memoria crítica y democrática entre la ciudadanía.

Como ya publicó este periódico, la memoria democrática se incluirá en los currículos de Primaria, Secundaria, Bachillerato, educación para adultos y algunos estudios universitarios. También se recopilará la ubicación de vestigios del franquismo como inscripciones conmemorativas, nombres de vías u otros símbolos, que deberán desaparecer de las calles en un año.

Esta ley es resultado de la colaboración entre la conselleria con todo tipo de asociaciones y entidades, desde instituciones como ayuntamientos, hasta la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Plataforma per la Memòria Histórica o el Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica. Los principales objetivos de la norma serán arrojar luz sobre los hechos ocurridos, investigarlos, y que se haga justicia y se repare a las víctimas. Con esta norma, la Generalitat pretende cumplir lo alertado en varias ocasiones por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que consideró que en España había dificultades para «investigar las violaciones de los Derechos Humanos en el pasado».