Montoro tendrá la última palabra. El presidente de la Diputación, César Sánchez, presidió ayer la constitución del equipo público/privado que trabajará a partir de ahora para que el eje Alicante/Elche, y en concreto el área comprendida entre el Parque Industrial de Torrellano y el Puerto de Alicante, se convierta en una zona franca que atraiga a empresas y pueda generar, según los datos que maneja la Diputación, un área que una vez en marcha impulse la creación de 80.000 puestos de trabajo en diez años.

Sánchez ha logrado que en la mesa técnica que elaborará el documento de solicitud para remitir a los ministerios de Hacienda (gran protagonista) y de Fomento, se sienten todos los actores empresariales de la provincia y ayer a la constitución del consorcio acudieron los presidentes de Coepa, Cámara de Comercio, Ineca y empresarios portuarios, a los que se sumaron los ayuntamientos de Alicante y Elche y el propio puerto. Sánchez avanzó que los trabajos para lograr una zona franca serán largos -Sevilla ha tardado cuatro años-, pero se mostró convencido de que «lo lograremos porque la provincia está unida».

Se entiende por zona franca un terreno acotado, con un régimen aduanero especial en el que las empresas pueden almacenar mercancía importada y reexportarla sin pagar el IVA o los aranceles de entrada a la UE. En el caso de que los productos tengan como destino el mercado español o europeo, sólo se abonan impuestos cuando los contenedores abandonan el recinto, lo que permite a las compañías demorar su pago -y, por tanto, contar con más liquidez- durante el periodo que los tienen almacenados en la zona franca. También pueden instalar en ella factorías para envasar o ensamblar el producto.

En cuanto a la ubicación, ésta no está decida pero estará entre el Parque Industrial de Torrellano y el Puerto de Alicante, que tiene 130.000 m2 de espacio.

Sevilla ha sido la última ciudad en incorporarse, este mismo año, a un selecto club al que, durante décadas, tan sólo han pertenecido Barcelona, Vigo, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria. Es también, por tanto, el espejo en el que se mira la Diputación a la hora de poner en marcha un proceso que en la capital andaluza llevó alrededor de tres años. La primera decisión ha sido la de encargar al Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) un informe sobre el impacto que tendría la creación de esta zona franca, una tarea nada sencilla sin tener claro, por ejemplo, las dimensiones del recinto o el interés de las empresas por instalarse en él.

En el caso de Sevilla se han acotado más de 700.000 metros cuadrados y sus promotores aseguran que se moverán 1,7 millones de toneladas -el año pasado por Alicante pasaron 2,4 millones-, lo que supondrá un volumen de negocio para las empresas de 1.000 millones. Sin embargo, desde la autoridad portuaria de Sevilla apuntaron hace unos meses que, quizá, había que rebajar esas expectativas. En Vigo, por ejemplo, la facturación de las compañías instaladas en su zona franca y en los parques empresariales dependientes de su consorcio ronda los 740 millones -la mayoría gracias a la Citroën- y en Cádiz suma unos 300 millones, según sus propias páginas web.

Las cifras parecen a primera vista abultadas pero, sin embargo, ninguno de estos dos puertos destacan realmente por su volumen de tráfico en el panorama nacional. Así, Cádiz suma 3,5 millones de toneladas frente a los 95 millones de la vecina Algeciras, el primer puerto de España, y Vigo contabiliza 4 millones frente a los 12 de A Coruña. Sí tienen más volumen Las Palmas (22,1 millones) y Barcelona (46,3 millones), aunque seguramente en esta cifras pesan factores como la insularidad o el potente tejido industrial catalán.

En cualquier caso, la propuesta ha sido muy bien recibida por las organizaciones empresariales, que consideran que esta zona tributaria especial podría convertirse en un importante foco de atracción de inversiones. Así, desde la Cámara de Comercio apoyan cualquier iniciativa que potencie el Puerto y piensan que la creación de una zona franca podría resultar muy interesante.

Recordar, en este sentido, que un estudio del profesor de la Universidad de Alicante Miguel Ángel Vega ya destacaba en 2010 que la provincia reúne las condiciones ideales para la instalación de una zona franca, ya que existen infraestructuras suficientes para distribuir las mercancías que atraería un complejo así, entre las que citaba la cercanía del aeropuerto de El Altet, la importante red de carreteras y la conexión ferroviaria hasta el Puerto.