06 de noviembre de 2016

Los funcionarios tendrán que dirigirse en primer término a la ciudadanía en valenciano

La Conselleria de Educación tramita una norma que marca el uso preferente de la lengua propia en toda la administración valenciana

08.11.2016 | 00:14

Los altos cargos deberán hablar el idioma durante sus intervenciones públicas. Deberá estar presente en la documentación y bienes de los contratistas.

Vuelta de tuerca al uso del valenciano en la Generalitat. Esto es lo que persigue la Conselleria de Educación al impulsar el decreto que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración, una norma que encara su recta final para su aprobación en el Consell y que una vez entre en vigor será una auténtica prueba de fuego para funcionarios, cargos públicos y aquellas empresas privadas que aspiren a contratar con el nuevo Consell bipartito.

El proyecto de decreto ha sido elaborado por la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüísme, pero tendrá efectos en todas las consellerias, así como en el sector público. Todo aquella persona con nómina pública, desde los conserjes hasta las máximas autoridades tendrán que ponerse las pilas y dar preferencia al valenciano en su trato con la ciudadanía y en sus intervenciones públicas. Así al menos queda regulado en un decreto que tiene como antecedente el decálogo d'Ares del Maestrat aprobado en 2003 con el Consell popular de Francisco Camps, un documento que durmió el sueño de los justos (sectores del propio PP se rebelaron contra la declaración) hasta que lo reactivó el actual gobierno. Ahora, sin embargo, lo que antes eran sólo recomendaciones se convierten en reglas que habrán de cumplirse a los seis meses de que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El uso preferente del valenciano se extiende a todos los recovecos de la Administración de la Generalitat tanto en su comunicaciones internas (resoluciones, comunicaciones, actas, convocatorias, material de ofimática...) como en la relación con la ciudadanía (notificaciones, procedimientos administrativos...) que se redactarán en valenciano y «también en castellano cuando así lo solicite la persona interesada». El Consell quiere que todos los impresos y formularios se redacten en forma bilingüe, pero que el valenciano figure en primer lugar. La preferencia del valenciano se extiende también al personal que atiende directamente a la ciudadanía, que «iniciará en valenciano la comunicación y continuará, si llega el caso, en la lengua solicitada por la persona usuaria.

La normativa no sólo afectará al personal de la Generalitat, también a sus contratistas y proveedores que deberán emplear el valenciano en la documentación que presenten y utilizarlo en los bienes o servicios que presten, por ejemplo, en el etiquetaje o las instrucciones. La conselleria no quiere que esta cuestión se quede en una mera sugerencia y especifica que estos requisitos deben constar en el pliego de condiciones administrativas de los concursos. Lo mismo cabe predicar de los informes o proyectos que se encarguen a terceros. El predominio del valenciano se extenderá en las relaciones de la Generalitat con ayuntamientos, entes estatutarios y resto de administraciones con sede en la Comunidad.

Acceso a la Función Pública
Por otro lado, el proyecto de decreto especifica que las autoridades y el personal al servicio de la Administración en sus intervenciones públicas en razón del cargo «deberán utilizar el valenciano». La persona que ocupe la Portavocía del Consell «ha de hacerlo siempre en valenciano». Algo que ya está ocurriendo en boca de Mónica Oltra. El decreto irrumpe en la vida política valenciana coincidiendo con reflexión abierta entre los socios de Gobierno (PSPV y Compromís) para aprobar una nueva ley que supere la Ley de uso del valenciano del 1983 y garantice los derechos lingüísticos en el ámbito privado. La Conselleria de Educación, de momento, se ha adelantado al acuerdo y ha ejercido sus competencias en promoción lingüística en el ámbito de la administración. Por su parte, la Conselleria de Administraciones Públicas deberá dirimir si introduce el requisito lingüístico para el acceso a la Función Pública.

Para el departamento promotor de la iniciativa «la sociedad valenciana presenta muestras de madurez suficiente para que los poderes públicos emprendan de manera decidida medidas de protección y nivelación con el fin de que la lengua propia recuperar el estatus que le corresponde».

El documento está en exposición pública desde hace quince días. Entidades como Intersindical han presentado alegaciones que, en este caso, con el reto de reforzar aún más el uso del valenciano como lengua preferente en la Generalitat.

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