El reto de promover una ciudad moderna choca de plano con el hecho de que el principal documento para marcar su estrategia de desarrollo, el Plan General de Ordenación Urbana, date de hace tres décadas, puesto que comenzó a elaborarse en 1980 y se aprobó en 1987, en tiempos del alcalde socialista José Luis Lassaletta. El documento está obsoleto y la falta de un nuevo PGOU se suple con modificaciones puntuales del vigente, como la que impulsa el tripartito en materia comercial para impedir macrocentros comerciales como el que se proyectó junto a Ikea en Rabasa, e instrumentos como el Catálogo de Protecciones en trámite. Así lo consideran los promotores, que cargan contra el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, al entender que utiliza el catálogo «como una suerte de Plan General» para proteger suelo en zonas de expansión y «alterar el modelo territorial» asumiendo, con ello, «cometidos que le son impropios». Algo que los empresarios califican de «fraude de ley» y de «desviación de poder» y que, consideran, lastra el desarrollo urbanístico de la ciudad porque protege suelo en zonas de expansión de la ciudad como la Condomina o Rabasa.
Aunque el PP comenzó en 2001 a tramitar una revisión del PGOU, no llegó a aprobarse nunca y acabó en los tribunales por su presunto amaño. Una situación que, unida a que el documento había quedado desfasado por redactarse en pleno «boom» urbanístico, llevó al exalcalde popular Miguel Valor a retirar, a finales del último mandato, la tramitación del documento que impulsaron sus predecesores, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
Uno de los grandes retos del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) es, precisamente, diseñar un nuevo PGOU que defina el modelo de ciudad y su hoja de ruta para el futuro. Sin embargo, fue el propio alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, el que recientemente reprochó a su socio de gobierno de Guanyar y edil de Urbanismo que «en 16 meses no hemos avanzado nada». Pavón le replicó que el Plan de Protecciones en trámite es un primer paso porque formará parte del futuro Plan General.
Un nuevo PGOU que no se espera en el corto plazo. El compromiso del edil de Urbanismo es aprobar en pleno la parte estructural de un nuevo Plan General antes de que acabe el mandato, por lo que aún tardará años en aprobarse definitivamente un documento que marque el rumbo de la ciudad. Aunque el plan vigente todavía permite urbanizar 1,5 millones de metros cuadrados de suelo, los promotores advierten de que las necesidades para los próximos veinte años obligarían a reservar otros 2,5 millones de metros urbanizables en el nuevo Plan General. Sin embargo, los empresarios consideran que el Catálogo de Protecciones en trámite será un impedimento al proteger suelo en «los ámbitos nuevos de gran entidad para preservarlos de su transformación urbanística».
Un catálogo con el que Pavón ha tratado de blindar las zonas de Rabasa y de la Condomina contra los desarrollos de Enrique Ortiz, salvaguardando contra la edificación terrenos de la huerta y del entorno de las Lagunas de Rabasa, junto a las que el empresario proyectaba una gran operación urbanística. A falta de un nuevo Plan General, desde el tripartito promueven otra vía con la que ir definiendo el futuro de esos terrenos en Rabasa. Esta vez a modo de una modificación puntual del Plan General vigente (la número 35 desde que entró en vigor) para definir los formatos comerciales que podrían ubicarse en ella, descartando la implantación de hipermercados que el PP posibilitó y, con ello, un macrocentro comercial al uso como el que se proyectó en contra de la posición de comerciantes y administraciones.
La modificación puntual del vigente documento es la fórmula utilizada para redirigir la política comercial en la ciudad. La modificación 35 del PGOU, que ahora comienza a tramitarse, pretende promover la instalación de medianas superficies en el casco urbano para impulsar el comercio de proximidad frente a la proliferación de centros comerciales en las afueras. El objetivo pasa por generar actividad, reducir los locales cerrados y favorecer la rehabilitación de edificios catalogados para albergar grandes comercios.
Sin embargo, no existe una planificación clara del modelo comercial. Prueba de ello son los tumbos dados para establecer la libertad horaria: Hace un año, el tripartito (con el apoyo de C's) cerró las grandes superficies de Maisonnave en festivos; en marzo, el alcalde trató sin éxito de aplicar la libertad comercial a toda la ciudad; en mayo, el Consell reabrió Maisonnave; y ahora, el alcalde propone con el apoyo de su socio de Compromís, del PP y el consenso mayoritario del Consejo de Comercio dejar las cosas como estaban cuando el tripartito llegó al gobierno. Es decir, volver al punto de partida y recuperar el modelo que el PP aprobó en 2013 para permitir la apertura en festivos de Maisonnave. La diferencia es el acuerdo alcanzado por el alcalde con las grandes superficies de esta avenida para que los empleados no trabajen más de 11 festivos al año y se generen 200 puestos de trabajo eventual.
Para evitar esos bandazos, el reto del equipo de gobierno local pasa por establecer un modelo comercial, económico y de ciudad claro para plasmarlo en un nuevo Plan General que no puede esperar ni suplirse por acciones puntuales. Alicante necesita una hoja de ruta integral; un modelo de ciudad.
