El Puerto ha recuperado en las últimas semanas el movimiento de graneles sólidos en turnos nocturnos y de fines de semana debido a la gran demanda de trabajo en una actividad que ha crecido un 77% este año, con un total de 600.000 toneladas más hasta el pasado septiembre, según la estadística que maneja Puertos del Estado. La coyuntura es puntual, según los trabajadores, pero llega en un momento de especial tensión debido a que una asociación de consumidores acaba de presentar sendas denuncias en un juzgado de Alicante y en Brusela. Mientras, el Ayuntamiento acaba de lanzar el enésimo ultimátum a la Autoridad Portuaria, exigiendo que le remita los dos informes que el Puerto asegura le dan la razón en la decisión de no pedir licencia al Ayuntamiento. Los técnicos consideran que el hecho de que el propio Puerto haya pedido a la Conselleria de Medio Ambiente una autorización para enviar partículas a la atmósfera le deja sin argumentos para no pedir el permiso ambiental municipal.
La carga del pasado fin de semana ha vuelto a desatar la alarma entre los vecinos del entorno, que vuelven a denunciar las molestas y el posible impacto a la salud pública de los materiales que sobrevuelan Alicante cuando se producen nubes de polvo.
El muelle 17 y, en ocasiones el 11 y el 13, mueven este año una media de 146.000 toneladas de graneles sólidos al mes, y de seguir esta progresión el ejercicio se cerrará con cerca de dos millones de toneladas. Un movimiento clave para las dos mil familias que dependen del trabajo portuario. Graneles, sin embargo, que llevan años rodeados de polémica debido a las denuncias vecinales sobre las posibles afecciones a la salud pública debido a las nubes de polvo, las intervenciones judiciales e, incluso, una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento y el propio Puerto por si hubieran cometido un delito de prevaricación por omisión.
Por su parte, el vicealcalde Miguel Ángel Pavón, firmaba anteayer otro decreto mediante el que se desestimaba la petición de suspensión formulada por la Autoridad Portuaria en el recurso de reposición que interpuso el pasado mes de septiembre contra el decreto por el que el Ayuntamiento le requirió a solicitar licencia ambiental para la actividad de carga, descarga, transporte y almacenamiento de mercancía a granel. La medida no implica que se tenga que detener la actividad.
