Miles de festeros del colectivo de los moros y cristianos de la Comunidad de Valenciana tendrán que sacarse la licencia de armas a partir del próximo 1 de enero de 2017 para poder disparar trabucos en los alardos y actos de arcabucería de las fiestas de sus poblaciones. La Delegación del Gobierno ha enviado una circular informativa a ayuntamientos y entidades festeras para comunicarles la obligatoriedad de sacarse el permiso de armas de avancarga para poder participar en los actos de pólvora de los festejos tradicionales. Fuentes de la institución confirmaron que los tiradores tienen que solicitar y obtener la licencia de tipo AE, modelo 790. Para ello deben dirigirse a la Comandancia de la Guardia Civil más próxima y aportar el DNI original y un certificado de aptitudes psicofísicas como el que se precisa para renovarse el carnet de conducir. También hay que rellenar un sencillo impreso y pagar 11,23 euros en tasas. Lo más costoso es el propio certificado médico, que se puede conseguir en cualquier centro autorizado, que puede oscilar entre 20 y 50 euros en el mercado.
Las mismas fuentes gubernamentales señalaron que el permiso será válido por 5 años e imprescindible. Disparará sólo quien lo tenga. Si en el transcurso de un festejo la Guardia Civil descubre que un tirador carece del mismo, se le puede sancionar.
El mandato enviado por el delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues está motivado por el fin de la moratoria pactada por el ejecutivo central con las autoridades y los cargos festeros. Desde 1999 ha habido una serie de prórrogas en atención a las particularidades de la Comunidad Valenciana pero ahora se ha decretado la necesidad de obtener el permiso de armas de avancarga para «acabar con el vacío legal en este tipo de celebraciones, y sobre todo, para garantizar la seguridad de los participantes y espectadores en las trabucadas», señalaron las fuentes consultadas. Hasta el 31 de diciembre se puede disparar con el permiso de conducir pero desde el 1 de enero se terminó esta opción. De hecho, ya hay muchos valencianos que han solicitado su licencia de armas de avancarga. «Sólo en la provincia de Valencia -indican desde el organismo central- hemos tramitado ya un total de 2.054 permisos de este tipo». Con una particularidad: es una autorización especial para trabucos o arcabuces, no sirve el permiso que ya pueda tener un festero que es cazador o policía para otro tipo de armas. Hay que sacarse uno exprofeso y distinto.
El censo de festeros afectado por la medida es muy numeroso. La Unión Nacional de Entidades Festeras (Undef), que agrupa a 73 entidades de moros y cristianos de hasta 4 comunidades autónomas, aglutina a unos 100.000 festeros. Por su parte, la Mancomunidad Festera de Moros i Cristians (Mafemic), suma unos 12.000 festeros y 16 entidades y colectivos de l'Horta y Valencia. El resultado es que existen al menos unos 112.000 festeros censados en la Comunidad. Si se estima que un 10% sale a disparar, el resultado es que cerca de 12.000 ciudadanos tendrán que sacarse el permiso de armas a partir del 1 de enero.
La noticia ha sido recibida de manera dispar en el colectivo festero. Agustín Carrasco, presidente de Mafemic, señaló que la imposición de sacarse la licencia: «Me parece una medida correctísima porque tiene que haber una reglamentación suficientemente seria para cubrir posibles accidentes».
Por su parte, David Serrano, de la arcabucería El Rojo de Caudete, teme una bajada del negocio del alquiler de trabucos. «Todo lo que suponga poner impedimentos al tirador implica que muchos van a desistir de disparar por no sacarse el permiso», declaró a este periódico.
De hecho, El Rojo alquila unas 2.600 armas al año en más de 60 municipios de la Comunidad y Murcia. Cree que el fin de la moratoria que permitía disparar con el permiso de conducir le reportará una bajada del 10% en las ventas.
Por último, Francisco López, presidente saliente de la Undef, que ha patentado el denominado trabuco detonante, confía en que la fabricación en serie de este prototipo se generalice porque por sus características no está considerado un arma de fuego y por tanto «no requerirá más que el DNI».
