Los promotores inmobiliarios consideran que el nuevo Catálogo de Protecciones que tramita la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Miguel Ángel Pavón, lastra el crecimiento de la ciudad al aumentar el suelo protegido en zonas de expansión como Rabasa o la Condomina. Consideran que «se altera el modelo territorial» al margen del Plan General de manera «injustificada», por lo que exigen su anulación y acusan a Urbanismo de «desviación de poder» y de «fraude de ley».
Así se desprende de las alegaciones al catálogo presentadas por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia). Un documento que obra en manos de la Concejalía de Urbanismo desde hace varias semanas, como apuntan fuentes municipales. Los promotores consideran que en los próximos 20 años la ciudad necesitará cuatro millones de metros cuadrados de suelo urbanizable para atender al aumento de población y señalan que con los planes urbanísticos pendientes de desarrollar sólo se garantizan 1,5 millones de metros cuadrados urbanizables. De esta manera, el nuevo Plan General que se elabore debería, según los promotores, incluir 2,5 millones de metros cuadrados urbanizables en la ciudad.
Sin embargo, los empresarios del sector inmobiliario entienden que la protección de suelo que contempla el Catálogo de Protecciones sobre «los ámbitos nuevos de gran entidad para preservarlos de su transformación urbanística, supone limitar funcionalmente la capacidad de crecimiento del municipio, condicionando el futuro trámite del Plan General Estructural y casi haciéndolo innecesario». Y es que, en opinión de los promotores, el Catálogo de Protecciones «se convierte en una suerte de Plan General con una clara vocación de congelar el crecimiento urbanístico, pero sin pasar por los cauces formales y materiales que la ley exige para este tipo de procesos». Al respecto, los empresarios consideran que la inclusión de nuevos suelos protegidos no se prevé en la estrategia territorial y concluyen que el catálogo «incurre en fraude de ley y desviación de poder, asumiendo unos cometidos que le son impropios».
En sus alegaciones, los promotores cuestionan que el catálogo no sólo incluya edificios. De esta manera, destacan que se considera patrimonio natural «una gran superficie de suelo» no urbanizable común que pasa a protegerse alterando así el modelo territorial vigente». Un cambio en la tipología del suelo que, según los promotores, «obliga a un proceso de participación pública más efectivo y ambicioso», al tiempo que inciden en que esa «ausencia de participación real y efectiva» contraviene la legislación urbanística.
Esgrimen, además, que los nuevos suelos protegidos «carecen de características intrínsecas» que los hagan susceptibles de serlo y consideran que su inclusión no está motivada «rallando la más absoluta arbitrariedad» y «poniendo de manifiesto una inquietante falta de transparencia en la actuación municipal». Una «falta de motivación» que, señalan, es contraria a Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).
Una normativa que también incumple Urbanismo, según los promotores, al sumir competencias «que corresponden a la Generalitat». En esa línea insisten en que «sólo a través de los mecanismos de un Plan General Estructural se puede clasificar suelo como no urbanizable protegido».
Los promotores consideran que «son numerosos los supuestos indemnizatorios» que podrían darse, entre otras cuestiones, por «la vía de ampliar injustificadamente la delimitación de los entornos de protección de las edificaciones catalogadas», en referencia, por ejemplo, a las Torres de la Huerta.
