La Generalitat Valenciana teme una avalancha de reclamaciones por responsabilidad derivadas de planes urbanísticos fallidos rechazados en los tribunales por una deficiente tramitación durante la época en la que el PP gobernó la Comunidad Valenciana.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, cifró ayer en 316 millones de euros la «hipoteca urbanística» dejada por el anterior gobierno de la Generalitat, aunque fuentes de este departamento y la propia consellera temen que «lo peor está por llegar todavía», ya que existen al menos cerca de un centenar de desarrollos urbanísticos anulados por su deficiente tramitación que podrían derivar en otras tantas reclamaciones judiciales.
Según explicó ayer la consellera, que compareció acompañada por el director general de Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando, los tribunales de Justicia han ido anulando planes urbanísticos aprobados por la Generalitat «por la mala tramitación» que hizo el anterior Consell.
«Ahora, y ante estas anulaciones, numerosos promotores y particulares de suelos urbanizables y urbanos reclaman responsabilidades a la Generalitat e indemnizaciones de grandes cantidades de dinero».
Durante los años del «boom»urbanístico, la Generalitat gobernada por el PP fue aprobando numerosos planes sin incluir en su tramitación informes vinculantes y obligatorios como el de la disponibilidad de recursos hídricos o la evaluación ambiental estratégica, así como obviando procesos de exposición pública que eran obligatorios o vulnerando los principios de publicidad y concurrencia.
Los planes se aprobaban con calzador e incluso cuando desde la administración general del Estado se advertía sobre su ilegalidad, los sucesivos titulares de urbanismo o medio ambiente como Esteban González Pons, José Ramón García Antón o Rafael Blasco veían en esta exigencia de legalidad un «ataque» a la Generalitat.
Una parte significativa de estos planes fue recurrida por vecinos afectados, organizaciones ecologistas o la propia administración del Estado y los tribunales los anularon, dejando en evidencia a la Generalitat.
«Las consecuencias son muy graves -confesó la consellera-. La Generalitat se enfrenta a un descomunal número de reclamaciones por responsabilidad; algunas ya han llegado a los tribunales y otras irán haciéndolo poco a poco».
Desafortunadamente, remarcó, la acumulación de estas reclamaciones puede provocar un «grave» quebranto a las «ya esquilmadas» arcas públicas.
Entre las reclamaciones figura la motivada por la anulación del sector Rabasa de Alicante por el Tribunal Supremo. El promotor, Enrique Ortiz, implicado en el caso Brugal y que ahora pide «perdón» por haber financiado al PP, proyectaba construir 13.500 viviendas y dar cabida a una tienda de Ikea.
El Sector Rabasa fue aprobado inicialmente por la Generalitat pese a no contar con informe favorable de la CHJ, vulnerar los principios de publicidad y concurrencia, carecer de evaluación ambiental estratégica y no pasar por un nuevo proceso de exposición pública tras su paso por el ayuntamiento de Alicante. Ahora, Ortiz reclama más de 30 millones de euros.
