La juez que investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones del Plan E de Alicante está analizando la adquisición de contenedores de basura en las que salió beneficiada la empresa en la que trabajaba el hermano del entonces concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens. La magistrada citó ayer en calidad de testigo al representante de la mercantil Cartel 21, una empresa dedicada a rotulación y anuncios, y que intervino en la adquisición de un centenar de contenedores soterrados en las calles de la ciudad de Alicante. La juez trata de aclarar si esta mercantil fue utilizada como tapadera para ocultar a quién se estaban comprando realmente los contenedores.
El testigo confirmó ayer al juzgado que adquirió un centenar de contenedores a la empresa Sedni, cuyo delegado en la Comunidad Valenciana era el hermano del exconcejal y exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens. Posteriormente los contenedores fueron vendidos a Vecsa, la mercantil que era adjudicataria de las obras. Fuentes cercanas al caso indicaron que el testigo explicó que fue un comercial de la empresa ya fallecido quien les propuso intervenir en esa operación, a pesar de que se salía de la actividad normal de Cartel 21. Según su declaración, este comercial les dijo que se trataba de «una operación sin riesgo» y en la que obtendrían un beneficio de 15.000 euros. El testigo negó cualquier relación con ninguna de las mercantiles investigadas, así como con nadie del Ayuntamiento. Según insistió, fue una oportunidad que les ofreció uno de sus comerciales y aceptaron. La empresa guarda todas las facturas de la operación y el testigo aseguró que ya se llegaron a aportar al juzgado y que se trató de un negocio «lícito».
La declaración de ayer en el juzgado se produjo a instancias de la acusación particular que ejerce la exdirigente socialista Carmen Sánchez Brufal. Andrés Llorens ya tuvo que declarar en calidad de investigado a finales de septiembre por las adquisiciones del material a la empresa donde trabajaba su hermano, unos contenedores soterrados que iban a instalarse en el casco antiguo de Alicante y que se iban a financiar con los fondos del Plan E. Llorens se desvinculó de las adjudicaciones y aseguró que los técnicos se encargaron del pliego.
La investigación judicial trata de indagar los presuntos amaños entre un funcionario de la concejalía de Atención Urbana y dos mercantiles (Becsa y CCMS) para repartirse las adjudicaciones del dinero de estos fondos. La relación del hermano de Llorens con la instalación de los contenedores ha hecho que la investigación se ampliara y salpicara al exconcejal.
