La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, cifra en más de 316 millones de euros "la hipoteca urbanística que ha dejado el anterior gobierno del PP en la Comunidad Valenciana". Al respecto, explica que "la Generalitat se enfrenta a un aluvión de reclamaciones, más de 60, debido a la anulación por parte de los tribunales de muchos planeamientos urbanísticos aprobados por el antiguo gobierno".
La consellera señala que los tribunales de Justicia han ido anulando planes urbanísticos aprobados por la Generalitat y, ahora, ante esta anulaciones, "numerosos promotores y particulares de suelos urbanizables y urbanos reclaman responsabilidades a la Generalitat e indemnizaciones de grandes cantidades por la mala tramitación que hizo el anterior Consell".
Salvador considera que "las consecuencias son muy graves" dado que la Generalitat "se enfrenta a un descomunal número de reclamaciones por responsabilidad patrimonial, algunas de las cuales ya han llegado a los tribunales y otras irán haciéndolo en los próximos años, lo que afectará gravemente a las esquilmadas arcas públicas".
Entre las actuaciones urbanísticas a las que se ha referido destaca el PAI de Rabasa de Alicante, el PAI de l'Alter en Altea, la ZAL de Valencia o el PAI de Porxinos en Riba-roja que, en la mayoría de los casos, han sido anuladas "porque se aprobaron sin el visto bueno de los preceptivos y vinculantes informes de las confederaciones hidrográficas o bien por haber estado tramitados obviándose los preceptivos informes de las evaluaciones ambientales".
La consellera se ha referido a que, en los 20 años de gobiernos anteriores, no se ha tramitado ningún Plan de Acción Territorial de las Áreas Metropolitanas y, en cambio, "ahora ya hemos empezado la redacción del plan de acción territorial del área metropolitana de Valencia y, en breve, presentaremos en Castellón y Alicante. Estamos hablando de planes para satisfacer la demanda de suelo en un horizonte de 2036 ,para evitar los estrangulamientos de la oferta y los procesos especulativos".
En este plan "se identificarán y ordenarán los suelos estratégicos que sean más idóneos por accesibilidad, presencia o proximidad a dotaciones, o porque su posición los hace más apropiados para la implantación de equipamientos o proyectos de dinamización del territorio". Salvador apunta que "esto permitirá saber cuáles son los puntos más convenientes para instalar nuevos crecimientos, nuevas infraestructuras de movilidad o proyectos comerciales".
