«Las ferreterías ni fían a la Conselleria de Justicia y los armarios carecen de anclaje o han sido regalados». Lo publicó hace menos de dos años en INFORMACIÓN el periodista David Pamies tras la indignación entre los funcionarios del Palacio -¡qué eufemismo!- de Torrevieja después de que una de las estanterías metálicas que almacenaba decenas de legajos se viniera abajo por el peso de tanto papel. Al menos no causó heridos, pero aquello fue... ¿la gota que colmó el vaso?
Hartos de quejarse en silencio, aquel día, con el respaldo de los sindicatos de funcionarios, decidieron mostrar en qué circunstancias trabajaban. Fue el 11 de diciembre de 2014 y no era un caso aislado por desgracia. Merecía la pena dar un toque de atención. Seis meses después cambió el Gobierno de la Generalitat... pero, ¿ha mejorado todo desde entonces? Pues no. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pilar de la Oliva, en el discurso que sirvió de apertura del año judicial, el pasado 22 de septiembre, criticaba el modelo judicial, que tildaba de «insostenible» e instaba, como solución, a concentrar las sedes judiciales. En la provincia hay 13 y, por lo que dicen sus decanos, no hay una que se salve, aunque ellos no tienen tiempo para pensar en futuribles para mejorar la Justicia. Su día a día es mucho más mundano que el divagar sobre si, realmente, lo que no funciona es el modelo o, en cambio, todo el problema reside en la falta de inversión, pero, por lo que parece, a nadie le importa que esta administración no funcione como un reloj.
Por lo que aseguran, entre los magistrados nadie está contento y parece que sobreviven en una Justicia corta de medios humanos y materiales admitiendo, incluso, que algunas de las leyes sobre las que tienen que impartir justicia se incumplen en sus propios órganos judiciales sin que ellos puedan hacer más que parecerse a Temis, su diosa en el Olimpo, que tenía los ojos vendados. Una vez al año, a través de esta memoria del TSJ, tienen la posibilidad de denunciar, vía informe, lo que ocurre en sus juzgados y que, por lo visto, parece que cae en un enorme saco roto porque algunas de sus reivindicaciones, incluso hasta las más básicas, son un «corta» y «pega» del año anterior porque siguen sin resolverse y este es el caso de Joaquina de la Peña, la decana de Orihuela -el partido judicial con más casos de corrupción de la Comunidad- quien recurre ya en sus informes al socorrido: «De sobra conocido...».
Cifra
Con jueces metidos a problemas de albañilería, fontanería, arquitectura o informática, ¿quién se puede centrar realmente en lo que les preocupa (y nos preocupa)? Y no sólo a ellos, también a secretarios, funcionarios, fiscales, forenses... En la provincia hay más de 250.000 asuntos a día de hoy pendientes de resolver -uno por cada ocho alicantinos-, una cifra que en la mayoría de órganos ha subido en el último año, lo que explica que la presidenta del TSJ reclamara en su último discurso hasta 21 órganos judiciales de nueva creación para ajustar carga de trabajo y medios, reduciendo el plazo para dictar sentencia y, sobre todo, de ejecutarlas.
Hacen faltan más juzgados en todos los partidos de la provincia, algunos de los cuales llevan más de tres décadas sin más mejora que un lavado de cara; otras han crecido de tal modo que la falta de espacio ha obligado a la administración a distribuirlos por cuatros sedes, como es el caso de Alicante. Ese descontento es un clásico en este mundillo con el que la frase «por mucho trabajo que se saque siempre hay más» es una constante, como lo resume el magistrado alicantino Salvador Bellmont con estas palabras: «Esto se traduce en un inaceptable periodo de tiempo entre el momento de entrada de un asunto en los juzgados de Alicante y el de la respuesta judicial. Con unas agendas de señalamientos a muy largo plazo, sin que el aludido estancamiento en altos valores de entrada de asuntos contribuya a solucionar tal problema».
Pero a Bellmont lo que realmente le está quitando el sueño es el estado de esas cuatro sedes: Avenida de Aguilera (la antigua cárcel), Pardo Gimeno, Catedrático Soler y Los Doscientos. «Desde 2013 -dice el juez- se concluyó que el Palacio de Justicia de Benalúa no era un edificio adecuado para el desempeño de labores jurisdiccionales, desde entonces no se ha acometido remodelación alguna más allá de un cableado eléctrico. Problemas arquitectónicos graves y muy peligrosos, como cornisas que se caen, grietas en techos, paredes y suelos, goteras en algunas dependencias, innumerables baldosas despegadas por todo el edificio, mobiliario muy deteriorado. No hay salas de espera para el publico. Archivos e innumerables dependencias actualmente presentan una situación caótica por la acumulación de expedientes en suelos que en ocasiones llegar a impedir el paso de las personas. Problemas de salubridad en la zona de calabozos. Sólo hay sistema de detección de incendios en el sótano donde esta el archivo general, el escáner no funciona, hay cuatro celdas obsoletas e insuficientes para el número de detenidos. No hay maquina destructora de papel. En "Pardo Gimeno" una barandilla del primero piso es muy peligrosa ya que puede caerse en cualquier momento, dos cristales de grandes dimensiones rotos, cuatro ventanas bloqueadas pendientes de reparación, no hay salida de emergencias...». Y eso está ocurriendo en la capital de la provincia.
Víctima y agresor
A medida que uno se aleja de Alicante los problemas son, incluso, más mundanos, tanto como tener una simple habitación que evite que víctima y agresor se encuentren cara a cara. Eso es lo que pasa en Alcoy. La decana Laura Morell argumenta que, como solución, han buscando en «rincones del partido judicial» para evitar esta situación que calificaba de «intolerable». La magistrada seguía con una retahíla de deficiencias que deberían avergonzar a alguien: «Pendiente del traslado a dependencias del Ayuntamiento en Plaza de la Mare de Déu, continua en las mismas lamentables condiciones que años pasados, no adaptación del mismo a personas minusválidas, escasez y vetustez del mobiliario, problemas de climatización. Las conferencias en las dos sedes judiciales produce continuos problemas dado que las conexiones no son fluidas. Existen problemas con Lexnet (el sistema informático y de comunicación judicial), ya que no se puede notificar por los funcionarios simultáneamente las resoluciones, ademas de su lentitud, siendo poco ágiles los ordenadores. Tardan mucho en encenderse, existen problemas de compatibilidad con el procesador de texto, etc. Los textos legales no están actualizados, el juzgado adolece tanto de necesidades materiales como personal». Y explicaban que el juzgado numero 2 había tenido 23 cambios de funcionarios desde 2010, «casi todos interinos» y 20 de fiscales.
¿Se puede impartir así Justicia? ¿Y los problemas de organización? ¿No era una máxima eso de acercar la justicia al justiciable? Pues el caso de Denia es más que curioso y su decano, en su informe, se hacía una pregunta curiosa al respecto: «El 60% de las causas penales que se enjuician en Benidorm son de Denia, ¿por qué hay tres penales en Benidorm y ninguno en Denia?». En este partido judicial se investigan, añadía: «Un 10% de las causas seguidas en Eurojust durante el último año, causas con muchísima repercusión internacional» y se lamentaba: «Los juzgados adolecen del mal endémico de falta de espacio para depositar las piezas de convicción. La evidente equidistancia con Alicante y Valencia hacen de este partido judicial un islote entre dos tierras y en aparente abandono institucional»
Y en una sociedad que tanta importancia le da a las separaciones y a garantizar el derecho de los menores a tener a todos los progenitores, ¿es normal que el punto de encuentro más próximo esté a 50 kilómetros? De eso se quejaba Benidorm -el informe va suscrito por José L. Fortea y José R.García-, que reclamaba también algunas mejoras que, viendo las deficiencias (o mejor miserias) que plantean otros, parecen aún más imposibles como el que haya «doble pantalla de ordenadores de los despachos de los jueces y salas, tratamiento informático unificado de piezas de convicción, con un depósito limpio y ordenado y la realización de un plan de prevención de riesgos laborales para todo el edificio». Y, como pasa en Denia, también se refería a las piezas de convicción: «El volumen de expedientes y de piezas en los últimos años no pueden físicamente ser archivados, viéndonos obligados a dejar parte de ellos en las salas multiusos y en los pasillos de los juzgados. Solicitamos además estanterías de manera urgente, proveer a las oficinas judiciales de armarios con puertas y llaves para dar cumplimiento a las exigencias que recoge la LOPJ en lo relativo a la protección de datos. Es prioritario establecer un sistema de control de horario de entrada y salida de todo el personal funcionario de los juzgados, bien mediante huella o mediante tarjeta personal o electrónica del DNI».
Elche tiene las instalaciones más modernas de la provincia y, consecuentemente con ello, pocos problemas de infraestructura aunque la decana, María José Boix, reclama: «Un sellador automático que inserte la fecha y hora en cada escrito presentado y otorgue a los mismos un número secuencial», al tiempo que solicitaba -como todos- personal y recordaba que «todas las jurisdicciones están por encima de los módulos deseables según los parámetros del CGPJ» y, por último, se lamentaba de la «demora en la atención al ciudadano en el Registro Civil».
Corrupción y crimen
Si uno, en cambio, va a unos juzgados más pequeños, como son los de Ibi, el problema, curiosamente, se multiplica y más si tiene que lidiarse con un asunto de corrupción y crimen organizado con 42 imputados y bajo supervisión de la Audiencia Nacional que les lleva de cabeza. Pues bien, para ello cuentan con, dice la jueza María Alicia Román con: «Limitados recursos materiales y personales. Ordenadores obsoletos para cubrir con las exigencias que la actividad ordinaria del juzgado exige, (lo que origina) numerosos problemas pues en ocasiones no funcionan, se quedan colgados, no guardan actuaciones, etc. La sede dispone de dos salas de vista, pero solo una de ellas dispone de equipo de grabación por lo que la otra queda reservada para videoconferencias o bodas. No existe atribución en exclusiva de Fiscalía, Alcoy se ocupa de desplazar a un fiscal uno o dos días, según las necesidades. Ello supone el trasiego constante de remisión y devolución por correo de los expedientes, a veces muy voluminosos». Y Novelda es otro ejemplo de pequeño caos: «El esfuerzo realizado por todas las personas que sirven en los distintos juzgados es insuficiente para absorber tan elevada carga de trabajo, del todo punto desproporcionada, al contar este partido únicamente con tres juzgados, siendo imprescindible la creación del numero 4. Siendo prácticamente generalizado el sentimiento de inseguridad jurídica y malestar que provoca la situación en que se encuentran los juzgados y ello no solo para los citados profesionales, sino también para los funcionarios, jueces y letrados de la administración de Justicia y, lo que es mas relevante y significativo, para los propios ciudadanos» y lo suscribe Abel Fernández. El juzgado 2, según un informe de la inspectora al que éste hace referencia, soportaba una carga de trabajo desproporcionado alcanzando el indicador de entrada un 482%, casi cinco veces lo que sería deseable.
No sólo los juzgados no mejoran sin que, incluso, han sufrido recortes. Es el caso de San Vicente del Raspeig donde, en 2012, fue suprimidas la Oficina de Atención a la Víctima, «de manera que los usuarios de la administración de justicia -dice la decana Marta Rodríguez- han de dirigirse a otras ciudades a los efectos de recibir asesoramiento previo y evitar en colapso de los juzgados». El partido, explica «carece de periciales psicológicas. Insuficiencia de papel y material de oficina, almacenamiento de expedientes en el suelo por falta de estanterías y utilización de cajas de cartón que en su día sirvieron para contener equipos informáticos a modo de mesas auxiliares. Mal estado de las sillas de oficina, en muchos casos inservibles de manera que para obtener una en condiciones se ha de acreditar problemas médicos. Aclarar que todas las sillas provienen de material de otros partidos judiciales. Las sillas se hallan en tal estado que para que los profesionales puedan consultar sus escritos han de incorporarse de las mismas».
Cuartel
¿Les parece poco? Pues vayan a Torrevieja, donde se reflejan otros problemas distintos -además del de reclamar tres juzgados- como es un simple espacio para instalar una oficina de presentaciones. «En la actualidad, dice su decano, Mariano José Gómez, se lleva a cabo a través de una de las ventanas del Palacio de Justicia, permaneciendo la gente en el exterior del edificio». Y tampoco estaría de más, dice, mejorar la seguridad con «una pequeña reforma consistente en la apertura de una puerta lateral frente a las dependencias policiales para el traslado de detenidos». En la actualidad dicha conducción de arrestados se realiza desde la puerta principal del Cuartel de la Guardia Civil, unos 50 metros por la calle, «con 16 que puede afectar a la intimidad de las personas». Y, como el resto, realiza su particular Carta a los Reyes Magos: «Es imprescindible mejorar el sistema de videoconferencias, la realización de las mismas esta generando múltiples problemas de carácter técnico, con clara incidencia en el desarrollo de los juicios y la celebración de los mismos, provocando suspensiones ante la imposibilidad de realizar las mismas».
Algunos se conformarían con un despacho para no tener que atender a los ciudadanos desde el exterior y otros, como Carlos Jesús García, en Villena, con una rampa para acceder al inmueble, construido hace 30 años y que no pasaría una mínima inspección. Se nota que el decano sabe de qué habla pues a continuación añade: «Deben acceder al edificio (las personas con discapacidad) por las escaleras de entrada con un grado de pendiente y estructura que exige necesariamente la asistencia de terceros. El acceso por otros lugares alternativos es arriesgado, pues la entrada por la rampa de acceso de vehículos para traslado de detenidos es prolongada y pronunciada y el acceso por la zona de detenidos no es el adecuado». Pero eso, evidentemente, no es sólo un problema de inmueble: «Se aprecia una alarmante falta de medios y persiste quizá cierto agravio comparativo por falta de personal, dado que en Villena las oficinas judiciales tienen un funcionario tramitador menos de los que les correspondería. Esto según parece solo ocurre en este partido.
Funcionarios «titulares»
El colapso es otro lamento en La Vila donde, según Raúl Cozar, «los tres juzgados se encuentran sobrepasados por el desequilibrio existente entre la carga de trabajo que asumen y los medios con los que cuentan, doblando el indicador de entrada acordado por el CGPJ». También allí reclaman más funcionarios «titulares» y recuerda que en el juzgado 1 «todos son interinos». Sobre el inmueble recuerdan que la sede necesita «obras de reparación y mantenimiento siendo de destacar la practica inexistencia de medidas de seguridad adecuadas. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer no cuenta con la infraestructura necesaria para poder practicar las diligencias de instrucción, evitando la confrontación entre víctima y agresor. Se ha realizado la instalación de un cuarto para la practica de videoconferencias con la particularidad de que el sistema no permite la grabación de las mismas, con los graves inconvenientes que ello acarrea».
