Su confianza en los técnicos volvió ayer a esgrimir el exvicealcalde de Alicante Andrés Llorens en su declaración ante el juez que investiga la adjudicación a la mercantil Isjoma de la contrata municipal de intraestructuras para fiestas, también conocida como la contrata de las sillas.

Después de que el pasado julio solicitara un aplazamiento para comparecer ante el magistrado, Llorens lo hizo ayer en calidad de investigado en una causa en la que comparte imputación con el adjudicatario, el ex técnico municipal Víctor López y los exconcejales del PP Juan Zaragoza y José Antonio Sobrino, entre otros. El magistrado trata de aclarar por qué se adjudicó el servicio a Isjoma cuando la propuesta de la otra aspirante, Alavés Montajes S.L. y cuya denuncia ha dado lugar a este proceso, era una millón de euros más barata. Además del concurso, el magistrado está indagando los contratos menores con Isjoma que sólo entre 2007 y 2009 supusieron a las arcas municipales un desembolso de cerca de 850.00 euros, al margen de los 1.600.000 que el Ayuntamiento pagó en este mismo periodo por los servicios certificados que sí incluía la contrata.

A preguntas del instructor, Llorens explicó que él entró en la concejalía de la que dependía este contrata en 2007, que no cambió ni el personal ni el sistema de trabajo y que tampoco sabía qué elementos estaban incluidos en la adjudicación investigada y cuáles no.

El expolítico del PP agregó que a él le daba lo mismo quién fuera el adjudicatario y, ante el interés del magistrado por saber cómo funcionaba la mesa de contratación que Llorens presidía, explicó que si los informes llegaban con el visto bueno de los técnicos, se elevaban a definitiva sin entrar a valorar nada en ese órgano, según relataron fuentes presentes en la declaración.

Quien fuera número dos del gobierno de Sonia Castedo dijo también que no tenía motivos para dudar del personal de la concejalía, que Victor López era un técnico reputado y que nunca ha recibido ninguna prebenda la mercantil adjudicataria.

Y sobre los contratos que se realizaron al margen del servicio adjudicado, Llorens incidió en lo grande que es esa concejalía, con quince jefes de área, y en que llegaba a afirmar hasta 5.000 contratos menores al año.

A la salida del interrogatorio y a preguntas de los periodistas el exedil señaló que no estaba «en absoluto» preocupado por este proceso porque «siempre he actuado con honestidad. Esto es un problema entre empresas que espero se solucione pronto y bien», dijo.

También en calidad de investigado y durante bastante más tiempo que Llorens declaró ayer el técnico encargado, entre otras tareas, de las sillas de la Explanada, Francisco Ramón Casal, quien aseguró que se robaban mucho (hasta 800 al años, precisó) y que por eso había que ir reponiéndolas, lo que se hacía mediante contratos menores.

El instructor pretende determinar si existía connivencia entre los empleados públicos investigados y el dueño de Isjoma. Un informe policial constata «la existencia de gran cantidad de facturas relacionadas con numerosos suministros de mercancías diversas que se han efectuado al margen de la contrata del suministro de material durante los años 2003 a 2009». Unos contratos menores que, sólo de 2007 a 2009, «han representado en algún ejercicio un importe superior al 50% de las certificaciones de suministro relacionadas con trabajos incluidos en la contrata y que han sido adjudicados fuera de la misma».